La sentencia del Tribunal Constitucional en la multa aplicada a Roberto Guzmán Lyon, un estrecho colaborador de Julio Ponce, controlador de SQM a través de las sociedades cascada, ha generado un debate importante en el campo jurídico y de la legislación.

Lo primero es que el juicio se inició bajo el Gobierno pasado, lo que refleja una línea de conducta de la Superintendencia de Valores y Seguros que trasciende las distintas visiones de dos administraciones. El fallo, que no invalida el caso que sanciona el regulador, también obliga a analizar la estructura de las sanciones pecuniarias en Chile, su apego a la proporcionalidad y a la regla constitucional, pero también demanda definir la manera en que la legislación que dicta el regulador, en diversos campos del mercado (acciones, consumo, libre competencia), efectivamente es un disuasivo para evitar malas prácticas. Tanto el actual superintendente como el anterior han subrayado la necesidad de abrir una discusión técnica en esta materia.

En síntesis, la multa no puede quedar al arbitrio de una sola persona, pero no se puede llegar tampoco al extremo de que resulte rentable cometer infracciones o delitos. Se debe avanzar hacia una regulación que implique que en el conjunto de multas (del regulador y de potenciales demandas) haya disuasión efectiva.