EL MAYOR ESCÁNDALO FINANCIERO DESDE LOS '80

La disputa entre los accionistas de las sociedades cascada se gestó a fines de 2011, cuando el controlador de estas sociedades, Julio Ponce, propuso aumentos de capital con objetivos que para los accionistas no eran claros. Anteriormente ya se habían efectuado capitalizaciones que buscaron refinanciar pasivos y entregar dividendos.

La tensión creció cuando en abril de 2012 la SVS suspendió la cotización de sus acciones tras ordenar la reversión de cerca del 65% de las utilidades para el ejercicio 2011, producto de una cuestionada operación que involucró 5 millones de títulos de la serie A de SQM.

El 29 de marzo de 2011, Global Mining -filial de Calichera- vendió este paquete accionario -valorizado en US$47 millones- al fondo Linzor Total Return por US$285 millones, a un precio de $27.100 por acción. Tres minutos después, los mismos papeles fueron comprados por Oro Blanco a $27.138. Una operación que representó el 69,9% de las ganancias de Oro Blanco y cerca del 65% de Norte Grande y Calichera; alzas que se produjeron, según los ejecutivos de la cascada, por las diferencias entre el valor libro y de mercado de las acciones en cuestión.

Pablo Echeverría, presidente de Moneda, institución que ha liderado las denuncias en contra la cascada -junto a AFP Habitat- no dudó en calificar el caso como "el mayor escándalo financiero desde la década de los '80".

EL RECLAMO DE MONEDA, LAS AFP Y MINORITARIOS

La reversión de utilidades ordenada por la SVS postergó para mediados de año las juntas de accionistas en las que se aprobarían los balances y estados financieros de 2011. Ésta, finalmente, se efectuó en julio, instancia que marcó el primer enfrentamiento directo entre minoritarios y ejecutivos de la cascada.

Alejandro Bezanilla, gerente de inversiones de AFP Habitat, acusó allí que diversas transacciones entre 2009 y 2011 se hicieron a precios distintos a los del mercado, por lo que pidió a la SVS una investigación para "aclarar si estas (operaciones) se ajustan a la legislación vigente". Esa petición derivó en la investigación que actualmente está en manos de la SVS.

Moneda ha sido otro de los accionistas que han denunciado prácticas irregulares en la cascada. En agosto de este año, la entidad financiera entregó un documento a la SVS con operaciones hechas entre 2009 y 2011, las que contendrían "errores, inexactitudes u omisiones inexcusables".

¿QUÉ DICE PONCE?

Julio Ponce, a través de sus abogados, ha denunciado una "campaña orquestada" en contra de sus sociedades. Por esto, se querelló contra Moneda por haber inducido o haber entregado información falsa al mercado, en relación a las acusaciones públicas hechas por la administradora.

A juicio del empresario, esta "campaña" buscaría arrebatarle el control de SQM. Según sostuvo en sus descargos a la SVS, "a principios de 2012 el grupo liderado por Pablo Echeverría elaboró un documento anónimo que describía una serie de operaciones que, en opinión de quienes lo redactaron, habrían sido irregulares. Los redactores se cuidaron de no dejar huella acerca de su autoría (...). La idea era que este documento anónimo sirviera de amenaza para que se accediera a fusionar, acercándose por esta vía a lo que constituye el objetivo final, que es arrebatarle el control de SQM a nuestro representado".

EL PRONUNCIAMIENTO DE LA SVS

El martes 10 de septiembre la SVS comunicó por primera vez las medidas que estaba tomando  en el caso. A más de un año de que Habitat le pidiera investigar, el regulador formuló los cargos en contra de cuatro ejecutivos ligados a la cascada (ver recuadro). En su formulación, el regulador presume la existencia de un esquema estructurado que habría sido ideado por Ponce y cuyo objetivo era beneficiar a éste y otras sociedades en desmedro del interés social de la cascada. Estas sociedades habrían efectuado operaciones de inversión y financiamiento de acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas.

Los compradores, tiempo después, vendían estos papeles a precios "significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado", teniendo como contrapartes, mayoritariamente, las mismas sociedades cascada.

En estas operaciones, participaron como intermediarias Banchile Inversiones y LarrainVial.

PRESIDENTE PIÑERA SALE AL RUEDO

La formulación de la SVS encontró una dura respuesta por parte de Ponce, independientemente de sus descargos, en los cuales criticó que las operaciones cuestionadas por la SVS omitieran el contexto económico de entonces, marcado por los efectos de la crisis de 2008.

En paralelo, Ponce acusó el actuar de la SVS por falta de imparcialidad y afirmó que Fernando Coloma, titular de la SVS, era sujeto de conflictos de interés. Esto, porque el regulador no habría investigado las transacciones de Bancard y Santa Cecilia, ligadas al Presidente Sebastián Piñera, las cuales habrían participado -según Ponce- en varias de las operaciones cuestionados por la SVS.

A juicio de Julio Ponce, estas sociedades, a través de Moneda, mantendrían un porcentaje en la cascada luego de las compras que hizo Piñera en 2009. De hecho, el propio mandatario comentó en un programa de televisión que, eventualmente, "yo estaría entre los perjudicados".

LA DISPUTA LEGAL

El caso también está en manos de la justicia. Ponce dio el paso con la referida querella en contra de Moneda y todos quienes resulten responsables, sin embargo antes lo hizo el accionista minoritario Roberto Lobos, un particular que en septiembre del año pasado se querelló por el delito de operaciones ficticias, producto de la cuestionada operación que derivó en la reversión de utilidades de 2011.

En un inicio, ambas causas las tomó la Fiscalía Oriente, sin embargo su fiscal regional, Alberto Ayala, presentó la inhabilidad de esta instancia dado el vínculo que éste tuvo con SQM por más de 12 años. Por lo tanto, el asunto recayó en manos de la Fiscalía Centro Norte y, en particular, de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad, encabezada por José Morales, el mismo fiscal que lidera la investigación sobre el Caso La Polar.

Esta arista ha sumado ribetes. El mismo Ponce presentó una querella por los delitos de prevaricación y abuso contra particulares en contra de Fernando Coloma, y los ejecutivos de la SVS Hernán López y Hugo Caneo. Esto, sobre la tesis de la supuesta parcialidad del regulador. Los funcionarios se blindaron con la ex defensora nacional, Paula Vial.

AFP Habitat, en tanto, se querelló por uso de información privilegiada contra todos quienes resulten responsables y participaron del esquema que detectó la SVS, lo que abarca no sólo a los formulados, sino a las sociedades vinculadas e instrumentales del esquema, como las de Leonidas Vial, presidente de LarrainVial.

El viernes pasado se dio otro paso en esta historia con la nueva formulación de cargos de la SVS y la querella de Moneda contra los responsables de las operaciones ficticias. Pero aún faltan capítulos por ver.