En 2009 comenzó a regir la Ley 20.348 que modificó el Código del Trabajo para  resguardar el derecho a la igualdad en las remuneraciones entre hombres y mujeres que desempeñan una misma función.

Esta ley señala que “el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad”.

Desde junio de 2011 a noviembre de este año, la Dirección del Trabajo (DT) recibió 4.450 denuncias relacionadas a los derechos fundamentales, de las cuales sólo 18 apuntaban a la discriminación de remuneración por sexo.

La directora de la DT, María Cecilia Sánchez, reconoce que esta legislación es poco usada por las mujeres, porque con esta ley primero se recurre a la empresa y después a   la DT. “Las mujeres no reclaman y si no lo hacen vamos a seguir con esta brecha salarial”, dice y agrega  que la falta de capacitación femenina, provoca que las mujeres tengan salarios más bajos que los hombres.

El fracaso de la iniciativa a juicio de la economista de LyD, Cecilia Cifuentes era previsible. “Si se obliga por ley a igualar salarios, dada la situación vigente, eso llevaría a una mayor preferencia por trabajo masculino. Las propias mujeres conocen esta realidad y están dispuestas a asumir menores salarios”.

Para la directora Ejecutiva de ComunidadMujer, AlejandraSepúlveda, no existe un mecanismo adecuado que implemente la legislación. “Era esperable que la ley por sí sola no fuera capaz de revertir la brecha, porque no contiene un mecanismo eficaz que la implemente. Habría que modificar un conjunto enorme de normas e instituciones para lograrlo, incentivar a las empresas y relevar el rol de los sindicatos. Otro problema es que esta ley no aplica a todas las empresas, sino a las más grandes”.

Para los especialistas en la materia, son otras las iniciativas que ayudarían a disminuir esta brecha salarial como la modificación del beneficio a sala cuna, que eliminaría un impuesto a la contratación femenina; y la reforma al Sence, que podría otorgar mayor capacitación a las mujeres.

Por otra parte, desde septiembre de 2011 está en la Cámara de Diputados el proyecto que otorga rango constitucional al principio legal de igualdad de las remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo.P