¿Por qué el gobierno de la Presidenta Bachelet considera más importante el acceso a agua de la industria agrícola frente a la industria minera?

Las propuestas que enviará el gobierno pronto serán discutidas en el Congreso y tienen tres conceptos básicos. Aquí hay usuarios legítimos del agua que necesitan una jerarquía que se inicia con la disponibilidad para consumo humano. Eso es algo que no está regulado hoy en nuestro marco jurídico. No puede ser que el consumo de agua quede supeditado a la buena voluntad de los usuarios actuales. Eso hay que regularlo.

No es que todos los propietarios de derechos de agua especulen, pero nadie puede negar que existe.

¿No será retroactivo?

No puede ser retroactivo por ley. Estamos hablando de los derechos hacia adelante. Hay una estimación de la Dirección General de Aguas de que hay un 10% de derechos de agua aún no otorgados. El número de años no es lo más sustantivo.

¿Dónde queda el derecho de propiedad de las empresas ministro?

Necesitamos arreglarlo para adelante porque es un derecho que aún no otorgas. Por lo tanto puedes condicionar la manera en cómo lo otorgas. Si lo haces para atrás caes en un tema Constitucional, porque se está afectando el derecho de propiedad. Ahora en la mayor parte de los países hay derechos de agua por un tiempo limitado. Incluso algunos tienen hasta 70 años.

¿No menor de 30 años?

No conozco ninguno que sea menor de 30 años, porque se necesita un periodo de evolución para el desarrollo de las inversiones.

¿No cree que la DGA tiene  pocos recursos para fiscalizar esta materia?

Si uno aprueba algo de esa naturaleza tiene que tener una institucionalidad que permita evaluar eso.

¿Cómo se hace eso, cuando existe una DGA que tiene tanto retraso para el otorgamiento o trámites en derechos de agua?

Aquí hay una necesidad de nuestro marco normativo e institucional. Las dos cosas van de la mano. Tenemos que fortalecer la DGA, concentrar las organizaciones que tienen potestad en los recursos hídricos y darle un nuevo orden.