La empresa HidroAysén, en donde comparten propiedad Endesa y Colbún, optó por el silencio tras conocer la resolución del Comité de Ministros que revocó el permiso ambiental para desarrollar las centrales del sur.

Hasta bien entrada la tarde, la compañía estaba afinando un comunicado de prensa, pero éste fue frenado por Endesa y Colbún porque no hubo consenso en la declaración, según afirman fuentes al interior de ambas eléctricas. En todo caso, es probable que hoy HidroAysén se refiera a la decisión del Comité de Ministros.

Ni Colbún ni Endesa enviaron un hecho esencial al regulador informando de la situación, así como tampoco HidroAysén, empresa que consideraba a su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) como un activo.

“Se considera necesario recalcar que la referida RCA, así como los derechos de aprovechamiento de aguas, concesiones, solicitudes, estudios, ingeniería, autorizaciones e inmuebles, entre otros, son activos adquiridos y desarrollados por la compañía durante los últimos 8 años al amparo de la institucionalidad vigente y conforme a los más altos estándares internacionales técnicos y ambientales, y que representan, por tanto, elementos necesarios y valiosos para el desarrollo del potencial hidroeléctrico de los ríos Baker y Pascua de la región de Aysén”, dijo la compañía a fines del mes pasado luego de presentarse la Agenda Energética de la Presidenta Michelle Bachelet.

No obstante, ayer fue un día de silencio para la empresa.

Entre los socios del proyecto, la decisión cayó como un balde de agua fría. Este escenario, aunque posible, era considerado como el peor para la empresa. En la compañía se esperaba que la autoridad elevara las exigencias para llevar a cabo la iniciativa. “Es la decisión más contundente y desfavorable que se podría esperar”, dice una fuente de una de las firmas donde también molestó el tono con que los ministros informaron la decisión, especialmente el ministro de Energía Máximo Pacheco, quien sostuvo que el proyecto “tiene muchos aspectos que están poco pensados o insuficientemente pensados”.

La empresa tiene 30 días desde que es notificada para recurrir al Tercer Tribunal Ambiental para intentar revertir la determinación de ayer. Y este sería el camino más probable que se tomaría.

Frente a esta decisión, la salida del vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández, podría ocurrir próximamente: El ejecutivo podría dejar la empresa una vez que se inicie la batalla legal en tribunales, dado que ese hito sería visto como el cierre de un ciclo, dice una fuente. En los hechos, dice la misma fuente, desde hace un tiempo que Fernández y otros ejecutivos de HidroAysén le dedican menos de media jornada al proyecto.

El rol de Fernández
El vicepresidente ejecutivo de HidroAysén ha liderado la defensa del proyecto. De hecho, hace unas semanas Daniel Fernández envió una extensa carta al Comité de Ministros que dividió en cuatro partes: una introducción del proyecto, un resumen del proceso de evaluación que ha enfrentado HidroAysén, una descripción de la "larga dilación sin justificación" que tuvo entre 2011 y 2014, y un recordatorio de los argumentos presentados por la compañía frente a las reclamaciones de terceros y de las propias inquietudes frente a la RCA con que se aprobó la iniciativa.

Respecto a la descripción del proyecto, Fernández sostuvo que éste ha sido objeto de análisis por parte de diversas entidades, sin que se le encontraran reparos.

“El proyecto HidroAysén ha sido revisado en diversas oportunidades por la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, oportunidades en las que se ha ratificado que éste no vulnera las condiciones de libre competencia en el mercado eléctrico de la generación, sin perjuicio de una serie de regulaciones impuestas para garantizar de mejor manera la competencia en dicho mercado”, expuso el vicepresidente ejecutivo de la sociedad.

“Los accionistas de este proyecto han seguido mostrando su voluntad en el desarrollo y ejecución del proyecto a pesar de haber pasado una de las mayores crisis financieras de la historia mundial entre los años 2008 y 2010, con secuelas que aún persisten, y regulatorias: el Estado de Chile ha sido prolífico en nueva regulación que no existía al momento de presentarse a evaluación el proyecto”, añadió el principal ejecutivo de la empresa.