Cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández, dijo que el sistema financiero argentino era "uno de los más sólidos del mundo" durante un discurso en la bolsa de Buenos Aires el miércoles pasado, algunos ejecutivos de alto nivel presentes no pudieron esconder su incredulidad.
Justo el día antes, la líder argentina había anunciado un plan para evitar una orden judicial estadounidense para pagar a los llamados acreedores holdouts en Nueva York, luego de un fallo que llevó al país hacia un default el mes pasado por segunda vez en 13 años.
Economistas dicen que Fernández tenía razones para estar nerviosa. Advirtieron que el plan para usar un banco estatal argentino para hacer el pago de la deuda e invitar a los acreedores a canjear sus bonos en ley extranjera por los nuevos sujetos a la ley argentina sólo prolongaría el aislamiento internacional que Argentina ha tenido desde su último default en 2001 y hundiría a la economía en una recesión aún más profunda.
Muchos dudan de si el plan es incluso factible. Uno de los hedge funds que quedó fuera de los canjes de 2005 y 2010, Aurelius Capital Management, dijo que los líderes de Argentina habían elegido ir por fuera de la ley con el plan. El juez de Nueva York Thomas Griesa dijo el jueves que era "ilegal".
Desde el default, han crecido los temores de que Fernández esté adoptando una estrategia cada vez más intransigente. "La presidenta ha decidido dejar de ser ortodoxa y está siendo completamente radical", dijo un ejecutivo extranjero en Argentina, en referencia a los intentos en el último año por normalizar las relaciones con los acreedores internacionales para recuperar el acceso al financiamiento externo a medida que las reservas del banco central se desploman a mínimos récord.
El ejecutivo se quejó de una serie de medidas "alarmantes contra el sector privado. Una de ellas es la amenaza con sancionar a una empresa basada en EEUU luego de caer en quiebra y cerrar sus operaciones locales, lo cual Fernández catalogó como un intento respaldado por los "fondos buitre" de infundir el miedo en la población.
Las empresas también están en pie de guerra por la llamada ley de abastecimiento que se debate en el Congreso y que ha sido descrita como "retrógrada" e "inconstitucional" por parte de los líderes de negocios, quienes dicen que permitirá al gobierno intervenir en el manejo de las empresas para controlar los precios y las ganancias.
Algunos incluso temen un conflicto de la escala del dañino choque de Fernández con el sector agrícola en 2008. Pero el encuestador Hugo Haime dijo que esta atmósfera combativa le acomoda a Fernández, dado que le permite presentarse como defensora de los intereses de la nación contra un enemigo impopular, ya sean los "fondos buitre" en el exterior o los ricos y privilegiados dentro del país.
"Este gobierno se siente más cómodo en permanente confrontación", dijo. En particular, le permite a Fernández lograr más apoyo entre sus partidarios de línea más dura, de cuyo ella dependerá apoyo en el congreso, no sólo a medida que se enciende la campaña a las elecciones presidenciales del próximo año, sino también para la sobrevivencia en el largo plazo de su movimiento político y la protección de su legado luego que termine su mandato.
Carlos Germano, analista político, dice que Fernández también está tomando ventaja del conflicto, especialmente con los holdouts, para distraer la atención de los problemas económicos del país. La tasa de inflación de Argentina está entre las más altas del mundo y esto, combinado con una aguda escasez de reservas de moneda extranjera, ha profundizado la recesión.
De hecho, muchos economistas esperan una segunda devaluación este año, con el peso en el mercado negro desplomándose a un mínimo récord de 14 contra el dólar esta semana, en comparación con 10 en enero.
Las preocupaciones por la autonomía del banco central se intensificaron cuando las tasas de interés fueron reducidas luego del default para estimular la economía, en vez de elevadas para evitar una fuga de capital.
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