La admisión del Registro Civil de que errores, al parecer informáticos, han modificado el domicilio de una cifra todavía algo imprecisa de electores, es un hecho grave que exige claridad de la autoridad y la asignación de responsabilidades administrativas. El hecho se ha agravado luego de que el propio Servel reconociera que tales errores podrían tener impacto en los resultados de determinadas comunas. Fuera de la gravedad de lo que acontece a escasos días de las elecciones municipales, lo ocurrido muestra los problemas de gestión que arrastra el Estado y el riesgo de impulsar legislaciones que no consideran recursos para su modernización, como ha sucedido al no conectar Servel con el Registro Civil. De hecho, las dos últimas reformas electorales importantes que se han impulsado en el país no han impulsado una modernización concreta de la tecnología, capacidad de gestión y soporte del Servel. Así, al problema con las inscripciones (y cambios de estas) se añade la falta de depuración del padrón electoral respecto de la edad, lo que tendrá un impacto político, ya que distorsionará la medición de la abstención. Pese a que no corresponde atribuirles a estos problemas de registro un aumento en la abstención de los votantes (es imposible medir qué personas efectivamente tenían la intención de sufragar y no podrán hacerlo), sí corresponde que a la brevedad el Servel dé las explicaciones pertinentes de estas irregularidades y la manera como las subsanará de cara al proceso presidencial de 2017.