En California, una vez que se promete una jubilación a un empleado público, esta no puede revertirse. Pero en agosto un tribunal de apelaciones de ese estado dijo que los recortes de pensiones eran posibles, si se garantizaba una jubilación “razonable” para los trabajadores.

La Marin Association de Empleados Públicos, que perdió una demanda que buscaba evitar que el país redujera los niveles de sueldos finales que se utilizan para calcular los pagos de pensiones, dijo que le pediría a la Corte Suprema revertir el dictamen. De mantenerse, le daría a California y sus gobiernos locales una forma de reducir costos.

“Indica que potencialmente hay opciones de reforma adicionales en la tabla que no estaban allí antes”, indicó Thomas Aaron, analista senior de Moody ‘s Investors. “Esto ofrece una forma adicional para que los gobiernos se enfrentan a desafíos presupuestarios para tratar de reducir sus costos”.

Las pensiones estatales y locales en todo EEUU tienen US$1,8 billones (millón de millones) menos de lo necesario para cubrir todos los beneficios adeudados en las próximas décadas, según datos de la Fed. La necesidad de compensar este déficit ha contribuido a los recortes de calificación crediticia a Illinois, Nueva Jersey y Chicago. Tal presión financiera también ha sido aguda en California, donde ayudó a la quiebra a las ciudades de Stockton, San Bernardino y Vallejo. Los esfuerzos para reducir los gastos de jubilación se han centrado en medidas como subir la edad de jubilación o recortar los ajustes por costo de vida. Y si bien el caso judicial de California no tiene un impacto más allá del Estado, podría inspirar a otros gobiernos locales.

“Los tribunales de todo el país se enfrentan con litigios similares y probablemente lleguen a conclusiones similares”, escribieron analistas de Bank of America Merrill Lynch dirigidos por Philip Fischer en una nota a clientes.

El fallo puede dar a los funcionarios un incentivo para encontrar formas de limitar los beneficios, indicó Chuck Reed, ex alcalde de San José, California, que está abogando por reacondicionar las pensiones a nivel nacional a través de un grupo llamado la Iniciativa de Seguridad de Retiro. “Pasar de un absoluto ‘no’ a un ‘sí’, si es ‘razonable’ es un gran cambio en el debate político y legal”, dijo Reed.