Las estafas piramidales que salieron a la luz hace un tiempo han dejado en evidencia la falta de educación financiera de una parte no menor de nuestra población. Y tal como se ha dicho hasta la saciedad tras estos casos, siempre es posible obtener altas rentabilidades en una inversión, pero ello necesariamente irá asociado con un nivel de riesgo. Dado ello, el hecho de garantizar retornos ya llamaba a la sospecha.

La conmoción generada por los casos que se fueron conociendo y que son investigados por la justicia llevó a que en la Cámara de Diputados se estableciera una comisión investigadora, la que tras cuatro meses de trabajo presentó su informe a la sala de dicha corporación. La conclusión principal de la instancia se refiere a la insuficiente fiscalización por parte de las superintendencias de Bancos y de Valores y Seguros, añadiendo que dichas entidades, así como otros organismos públicos, no dieron las alertas necesarias.

Pese a que es importante señalar que el informe elaborado por los parlamentarios es relevante pero no concluyente, sí es fundamental decir que debería ser un punto de partida para que los distintos fiscalizadores replanteen lo que es el alcance de su perímetro regulatorio. La realidad siempre se adelanta a la regulación, razón por la que es vital ir acortando las brechas que se producen.