Como un fallo que restablece el funcionamiento de la institucionalidad califica Jorge Troncoso, ex director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la resolución del tribunal de Antofagasta de ordenar una nueva evaluación ambiental del proyecto minero portuario Dominga, acusando vicios e ilegalidades detrás del rechazo de la iniciativa, tanto a nivel regional como en el comité de ministros del gobierno de Michelle Bachelet. El ex jefe del organismo, que evaluó favorablemente la iniciativa, lo que terminó gatillando su salida del gobierno, es crítico del desempeño de la Comisión de Evaluación de Coquimbo y de la instancia ministerial presidida entonces por el titular de Medio Ambiente Marcelo Mena.

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¿Qué opina del fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta sobre el proyecto Dominga?

- El fallo lo que ha hecho es restablecer el adecuado funcionamiento de la institucionalidad ambiental y el acatamiento de las regulaciones que establece nuestro ordenamiento jurídico en materia de evaluación de impacto ambiental. El Tribunal le ha señalado, tanto a la instancia colegiada regional, es decir, a las Comisiones de Evaluación, así como a la instancia colegiada nacional, es decir, al Comité de Ministros, que la evaluación ambiental de proyectos es un procedimiento reglado y normado en el marco de lo que establece la Ley de Medio Ambiente y el Reglamento del SEIA y que esas regulaciones y procedimientos deben ser respetados, independiente de que a determinadas autoridades políticas no les parezca o no les guste.

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Asimismo, el Tribunal le ha señalado a la Administración, con mucha fuerza, que cualquier acto administrativo debe ser fundado o motivado y que en las actuaciones de la administración no existe espacio para las arbitrariedades. Coincide entonces con lo que dice el tribunal sobre el rol del CEA y del Comité de Ministros...

- El proceder tanto de la Comisión de Evaluación de Coquimbo, así como del Comité de Ministros, bajo la administración de Marcelo Mena, violaron de manera burda reglas y procedimientos básicos que aplican a esos órganos colegiados que tienen un mandato que está establecido por ley.

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¿Por qué?

En primer lugar, el caso del rechazo del Proyecto Dominga en la Región de Coquimbo, constituye una situación en la que la institucionalidad ambiental regional no respetó las regulaciones y normas que rigen la evaluación ambiental de proyectos y no estuvo a la altura de la responsabilidad política que le asiste a esa instancia.

Y esto es así, pues la evaluación técnica en el caso del proyecto Dominga concluyó que esa iniciativa cumplía la normativa ambiental aplicable; que se presentaron todos los antecedentes requeridos para el otorgamiento de los permisos que le aplican y que se propusieron las medidas adecuadas para hacerse cargo de los impactos ambientales. Los votos emitidos por los miembros de la comisión que votaron en contra de la calificación ambiental favorable, claramente no reunieron el estándar de fundamentación necesaria y que exige la Ley para contradecir, rebatir o no acoger lo recomendado por el SEA, actuación que a todas luces invalida o vicia el actuar de la instancia colegiada.

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Respecto de la actuación del Comité de Ministros que rechazó el recurso administrativo presentado por el titular del proyecto, lo único que le podría señalar es que durante los tres años y algo más en que me tocó la responsabilidad de conducir el SEA y actuar en Calidad de Secretario Técnico del Comité de Ministros, bajo la conducción del Ministro Badenier, siempre trabajamos absolutamente ajustados a los procedimientos y a las normas que establece la Ley de Medio Ambiente, la Ley de Procedimientos Administrativos y el Reglamento de Sala del Comité.

La actuación del Comité presidido por Mena se alejó de manera categórica de las reglas más básicas y elementales que debe considerar el proceder de la Administración, más aún en una instancia de tanta responsabilidad como lo es el Comité de Ministros, al punto que uno de los ministros integrantes de esa instancia debió retirarse de la reunión.

¿Hubo presiones políticas detrás del rechazo al proyecto como denunció la ex seremi del MOP?

- En la evaluación de este proyecto, el Servicio desplegó durante más de tres años, que fueron los duró la evaluación, todas las mejores capacidades técnicas y de gestión de que disponíamos, desarrollando una evaluación ambiental exhaustiva y rigurosa que consideró los diversos ámbitos técnicos y jurídicos (...) para finalmente arribar a un Informe Consolidado de la Evaluación Ambiental, donde resolvimos recomendar a la Comisión que el proyecto se calificará favorablemente. Sin embargo y a pesar de la consistencia que, a mi juicio, presentaba el Informe Consolidado, hubo seremis y el propio intendente que señalaron no estar de acuerdo con nuestra recomendación, sin entregar ningún tipo de fundamentación o motivación de sus votos de modo que desvirtuaran los argumentos esgrimidos por el Servicio que, por lo demás, es lo que exige la ley.

¿Le sorprendió?

Eso fue una tremenda sorpresa para el Servicio y, por cierto, que a todos nos pareció que hubo intervención política. Sobre todo, cuando nos pudimos percatar que, además, existieron seremis que contraviniendo pronunciamientos anteriores, o pronunciamientos de sus servicios dependientes, emitieron votos que contradecían actuaciones propias muy recientes.

¿Se le planteó en algún momento cambiar o reconsiderar su opinión por factores distintos a criterios técnicos?

-Nunca hubo ningún tipo de intervención externa al Servicio respecto de la opinión que nosotros entregamos en nuestro Informe Consolidado.

¿Sigue pensando que el proyecto cumple con todas las exigencias ambientales?

- He releído el Informe Consolidado que elaboramos en aquella oportunidad y mi convencimiento sigue siendo el mismo. El equipo del SEA hizo su trabajo y lo hizo ajustado a la Ley de Medio Ambiente, al Reglamento del SEIA vigente y a las reglas de la evaluación ambiental de proyectos de inversión.

Otra cosa distinta es que a ciertas personas no les parezca que un determinado proyecto se emplace en un determinado lugar.

El gobierno ha comprometido cambios en el sistema de evaluación. ¿Cree que es necesario introducir cambios? ¿Cuáles?

- El problema que enfrenta el SEIA en Chile, se explica no porque el instrumento no atienda el rol que le cabe dentro del sistema de gestión ambiental o porque se requiera su modernización. El problema que evidencia el SEIA hay que buscarlo y explicarlo en el escaso desarrollo que muestran las otras herramientas de gestión ambiental, las que lamentablemente se han ido quedando a la saga respecto del significativo avance que ha experimentado el SEIA.

A diferencia de lo que muchos creen, en cuanto a que es necesario emprender una nueva modificación o modernización del SEIA, a lo que se debería apuntar es hacia la modernización de las otras herramientas de gestión que deben sustentar la evaluación ambiental. Si no se emprenden estas tareas, se podrá seguir modificando legal o reglamentariamente el SEIA, pero éste nunca podrá cumplir adecuadamente la función que le corresponde.