"Para nosotros todo es legal, pero esperemos qué es lo que el juez dice". Estas fueron las palabras que pronunció el ex Presidente de Guatemala, Álvaro Colom, a su llegada a tribunales, luego de ser detenido por su presunta participación en el caso Transurbano.

El arresto del el ex mandatario se convirtió en la punta del iceberg del resto de involucrados que se sumaron a la lista.

Además de Colom fueron detenidos ocho ex ministros y un ex viceministro, que formaron parte de su Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), entre los años 2008 y 2012.

La operación desde el gobierno

En 2007, y tras haber obtenido más del 52% de los votos, Álvaro Colom llegó por primera vez a la Presidencia de Guatemala.

Entre sus planes de Gobierno estaba incluido un programa para mejorar el transporte público, que recibió el nombre de "Transurbano".

La idea, similar al Transantiago chileno, se puso en marcha en julio de 2010 en la capital del país centroamericano con buses modernos y una tecnológica tarjeta de pago. Incluso, desde 2011 se implementó un sistema de segregación por género para evitar los abusos a mujeres y niños menores de 12 años en horario punta.

Casi ocho años más tarde y tras una investigación en la que participó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), su principal delegado, Iván Velásquez, dio a conocer detalles de los procesos irregulares en que habría incurrido el ex Presidente y parte de su gabinete.

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De acuerdo al organismo, dependiente de Naciones Unidas, "las mismas personas físicas que conformaron la comisión para el fortalecimiento del transporte público eran miembros de la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU) y representantes de las Sociedades Anónimas creadas".

Además, el informe establece que quienes tomaron decisiones respecto de la implementación de la tarjeta de pago se vieron beneficiados con la adjudicación del sistema.

Por otro lado, la CICIG señaló que desde el Gobierno de la UNE "desarrollaron un artificio que buscaba evadir todos los mecanismos de control estatal" para beneficiar en forma arbitraria a los empresarios de los buses urbanos, situación que se plasmó en la firma del acuerdo 103 y la entrega de US$ 35 millones en forma deliberada a parte del gremio.

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Según Luis Mack, analista político de la Flacso, "hace muchos años se esperaba que se destapara este caso. Era un secreto a voces". Además fue enfático en señalar que en Guatemala hubo bastante sorpresa cuando surgió el proyecto del Transurbanos, pues "salió de la nada y estaba siendo cuestionado por la opacidad con que se manejaba".

El doble calvario

Otro de los protagonistas de esta polémica detención masiva es el ex ministro de Finanzas del Gobierno de Colom, Juan Alberto Fuentes.

El ex secretario de Estado figura como una de las autoridades firmantes del documento, que permitió defraudar al Estado a través del Transurbano.

Pero eso no es todo. Desde 2015 es el presidente de Oxfam, una ONG británica de ayuda humanitaria, inmersa en un escándalo sexual.

Sobre la entidad pesan acusaciones que varios de sus voluntarios que cumplieron misión en Haití, habrían contratado prostitutas, incluidas menores de edad, con fondos de Oxfam.

Frente al mal manejo de la ONG con esta delicada situación, su directora, Penny Larence, decidió renunciar.

"Esto es chocante. Esto es espantoso. Me duele profundamente", indicó Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam en el caso que golpea por partida doble al ex ministro guatemalteco, Juan Alberto Fuentes.