Expertos del sector privado respaldaron la decisión de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) de enviar al Tribunal Constitucional (TC) de forma inédita un escrito con observaciones sobre el proyecto de ley que reforma el Sernac para que la instancia lo tenga presente a la hora de resolver sobre la constitucionalidad del texto legal.

"Me parece interesante que la sociedad civil organizada participe en un proceso de control previo de constitucionalidad entregando su opinión respecto a temas de alta complejidad y en que todavía se mantiene una duda en torno al alcance constitucional de las normas que se proponen", estima el director legal de Hermann Consultores, Alejandro Arriagada.

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El jurista resalta que "eso te refleja el carácter democrático de las organizaciones en las cuales nosotros estamos insertos".

Asimismo, el socio del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Eduardo Escalona, considera que "lo positivo es que el Tribunal Constitucional va a tener la mirada de los afectados por esta norma que se está aprobando y no sólo va a tener la visión estrictamente normativa relacionada a los artículos propuestos como objeto de análisis por ser de quórum orgánico constitucional por parte del mismo Congreso".

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Escalona enfatiza que esta mirada más amplia permite hacer un estudio más profundo sobre la constitucionalidad del proyecto. "Lo que también es interesante analizar es si el Tribunal Constitucional eventualmente adopta una posición definitiva y se pronuncia sobre cada una de las materias o simplemente plantea que algunas no han sido objeto de análisis, porque no hubo requerimiento por parte de los diputados o senadores", acota.

Para Escalona, cualquiera sea el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el proyecto, la litigiosidad de controversias particulares sobre el ejercicio de atribuciones del Sernac sobre empresas va a aumentar en el futuro, lo que desencadenará también que particulares ingresen requerimientos ante el TC para zanjar dichas controversias. "Entonces, uno de los mayores riesgos que va a enfrentar esta reforma es que los procedimientos van a ser mucho más lentos para obtener una solución favorable a los intereses de los consumidores (...) Probablemente van a haber controversias en que algunas normas que si no han sido objetivo de análisis del Tribunal Constitucional sean la justificación para presentar un requerimiento posterior", sentencia.

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Respecto a cómo se deberán preparar las empresas ante la nueva ley, el socio de PDD & Cia Consultores, Lucas del Villar, estima que las firmas deberán adoptar planes de cumplimiento validados previamente por el Sernac que servirán como atenuantes en caso de multas, sanciones y otras disposiciones que pueda adoptar el Servicio en su contra en procedimientos administrativos.