Dudas genera en el mercado cómo se implementaría la futura ley que modifica el Código de Aguas en temas de información, fiscalización y sanciones. La iniciativa fue promulgada hace pocos días y está a la espera de un reglamento para su implementación en terreno.
La normativa, que se tramitó durante cinco años en el Congreso, tiene tres ejes claves: el aumento de las infracciones, las que podrán llegar hasta las 2.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) -versus las 20 UTM que existía en el pasado-, se ordena la forma en cómo se envía a la Dirección General de Aguas (DGA) los derechos de aprovechamiento de aguas y se agregan mayores atribuciones al organismo estatal para el control de la extracción.
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Sin embargo, no es el aumento en los montos de las sanciones o las mayores atribuciones de la DGA lo que genera las dudas. Los cuestionamientos apuntan a la capacidad que tiene el organismo dependiente del Ministerio de Obras Públicas para cumplir con la normativa.
Si bien la nueva ley facilita el control de extracciones que estén realizando los titulares de derechos de aprovechamiento, obligando a instalar sistemas de medición y de transmisión de estos datos a la DGA, también se refuerza el rol fiscalizador de la DGA al otorgar a los fiscalizadores la calidad de ministros de fe, dando mayor respaldo a sus actas de fiscalización, al tiempo que se aumentan las infracciones sancionables.
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"En la teoría, las potestades de fiscalización de la DGA se verán fortalecidas y al mismo tiempo quedarán mejor definidas, lo que a todas luces constituye un gran avance en relación a la situación pre-reforma", comenta Alberto Cardemil, socio de Carey. "Sin embargo, sin una mejor dotación de recursos materiales y humanos a la DGA, esta reforma difícilmente se traducirá en una fiscalización más efectiva", agrega.
Dicho punto es compartido por Benjamín Pérez, abogado de Guerrero Olivos. "La DGA tiene nuevas atribuciones las que requerirán de más recursos físicos y de personal que la Ley 21.064 no señala, como por ejemplo, una mayor dotación de funcionarios y que podría implicar dificultades en el ejercicio de estas funciones y, eventualmente, demoras en otras funciones de la DGA, por ejemplo, en la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas o aprobación de solicitudes de traslado".
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No obstante, esto es debatido por el director de la DGA Carlos Estévez, quien indica que buena parte de la fiscalización de realizará a través de la tecnología con información proporcionada por los mismos fiscalizados. Esto, ya que la normativa obliga a que las organizaciones de usuarios de aguas y los propietarios exclusivos de un acueducto instalen un sistema de medición de las aguas que se extraen, y también la de instalar y mantener un sistema de transmisión de la información de las aguas que se aforan.
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"La respuesta no es conseguir 40 fiscalizadores más, la respuesta es que vamos a tener un sistema informático, donde las infracciones se recibirán directamente en una pantalla (…), nosotros ya contratamos los software para hacer lo que es el control de extracciones y de modo piloto en 2017 fuimos probando el sistema de control de extracciones y sacamos resoluciones por lo que ya sabemos lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo", dijo.
