Impredecible es el calificativo utilizado por la Asociación de Isapres para referirse al impacto que tendrá en el sector la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) de mantener el criterio de que las costas en que incurren las aseguradoras por los juicios por alza de los planes de salud deben ser consideradas gastos rechazados al considerar que no son gastos necesarios para producir sus rentas. Se trató de un fuerte revés para el sector, porque si bien había trascendido que la decisión del SII sería adversa a las isapres, algunos altos ejecutivos de la industria confiaban en que sus argumentos tenían la solidez suficiente como para que el servicio aprobara el camino seguido por las aseguradoras.
Sin entrar a calificar la decisión del organismo, es relevante señalar que esta se da en un contexto de años de indefiniciones para el sector, lo que ha quedado de manifiesto en el alto nivel de judicialización que este ha enfrentado producto principalmente de las alzas de los planes base de salud, a lo que hay que sumar aquella relativa a la prima AUGE. Es necesario decir que si bien se trata de incrementos unilaterales, se realizan en el marco de la normativa que permite que ello se efectúe. Podrá no gustar, pero están haciendo algo que se ajusta a la ley. Además, las cifras dan cuenta de los mayores costos que está asumiendo el sector debido a la creciente intensidad de uso por parte de las personas, a lo que se suma el aumento registrado en el gasto por licencias médicas por parte de las aseguradoras.
Es importante destacar que en los altos niveles de judicialización que se registran también incide la verdadera industria generada por una decena de abogados que incentivan a los afiliados a demandar obteniendo a cambio las costas que las isapres deben pagar tras perder los juicios.
Pero más relevante que todo es que la señal última de todo este panorama es la incerteza legislativa por la que atraviesa el sector, dado que el Gobierno ya dio señales claras de que una reforma al sistema de salud privado no figura dentro de sus prioridades. Si bien hubo una mesa de trabajo del Ministerio de Salud con los actores privados, ello no cristalizó posteriormente en un proyecto de ley. Ello nunca ocurrió.
Las isapres han señalado más de alguna vez que se requieren cambios en el modelo de aseguramiento para acercar sus principios a los de la seguridad social, lo que fue reiterado el martes por el gremio. El problema de la judicialización también debe ser resuelto, porque tal como está seguirá siendo un espiral difícil de detener. Todo ello, requiere de un marco normativo que permita que el sistema de salud privado enfrente el futuro con certezas. Entre las isapres se señala que es justamente dicha incertidumbre la que llevará al sistema a su fin en el corto plazo. Sin embargo, a nadie le conviene que esto ocurra, ni a los 3,5 millones de afiliados ni al Estado, que tiene un problema aun más grande y grave con la salud pública.
