Incomodidad generó en el Gobierno un fallo del Tribunal Constitucional (TC) conocido pocos días antes del cambio de año referido a las facultades de la Dirección General de Aguas (DGA) por su posible impacto sobre el proyecto que fortalece el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que se encuentra en revisión de esta magistratura.
Concretamente aludían al control habitual de constitucionalidad del proyecto que modifica el marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones. Durante este proceso el TC no sólo revisó las normas de quórum, sino que también se refirió a las facultades de dictar multas que el legislador entregó a la DGA declarando algunas de ellas como inconstitucionales.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
El TC indicó que el proyecto otorga la facultad de sancionar el incumplimiento de algunas medidas a la DGA suprimiendo la norma actual que señala que las multas serán determinadas por el Juez de Policía Local correspondiente. A juicio del TC ello "deja a la total discrecionalidad de la autoridad administrativa (DGA)" la determinación del hecho y la fijación del monto de la multa y forma de pago, asunto que hoy son competencia de los tribunales.
"Los preceptos del proyecto menoscaban del todo el derecho de las personas de acceder a un tribunal independiente e imparcial que resuelva las controversias entre el Estado y los particulares…lo que constituye una garantía frente a la potestad sancionatoria del Estado", sostiene.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
Esta decisión no fue compartida por todos y los ministros Marisol Peña, Carlos Carmona, Gonzalo García y Domingo Hernández, recordaron que "toda sanción administrativa se aplica después de un proceso administrativo"; que en este caso se establecen los recursos correspondientes ante distintos órganos; y que las potestades de los tribunales pueden modificarse por ley y que ésta cumplió con todos los pasos legislativos.
Efecto sobre el proyecto
Si bien el director de la DGA, Carlos Estévez, no encontró grave este fallo porque consideró que se refería sólo a ciertos actos y no a todos los que puede fiscalizar el organismo - "pensamos que le habían cortado un ala al pájaro, y sólo fueron algunas plumas", comentó-, en La Moneda y en el Ministerio de Economía la conclusión fue distinta. Observaron este fallo como un adelanto para sentar las bases de que la mayoría en el Tribunal es contrario a otorgar facultades sancionadoras a los órganos administrativos que acotan es el corazón del proyecto del nuevo SERNAC.
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
La visión de los parlamentarios coincide con esta óptica.
"Es preocupante que se establezca una jurisprudencia en el sentido de ir en contra de las facultades sancionadoras y fiscalizadoras de la DGA, y si ello se quiere extrapolar a otras instituciones como el Sernac sería como quitarle musculatura y los dientes en su rol fiscalizador que le entregó la Ley", indicó el senador Alfonso de Urresti (PS), integrante de la Comisión de Constitución.
Sostuvo que espera que el TC no intente generar jurisprudencia en este sentido porque ello implica invadir la competencia del Poder Legislativo.
[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]
"Además esto puede llenar de recursos de inaplicabilidad en el mismo TC cuando los particulares se sientan perjudicados por los entes fiscalizadores. Es tremendamente perjudicial", acotó.
Desde una óptica diferente el senador Hernán Larraín (UDI) -también de la instancia especializada- indicó que el fallo podía repercutir en la revisión de constitucionalidad que lleva a cabo del proyecto Sernac. "Este fallo es correcto porque hemos manifestado que se está yendo más allá de lo pertinente entregando a los órganos administrativos facultades que invaden las de otros poderes públicos. Puede efectivamente tener un impacto en las decisiones que haga sobre el Sernac u otro órgano", recalcó.
Asimismo recordó que la oposición hizo ver en su minuto en el debate legislativo que el proyecto se excedía al entregarle más atribuciones al Sernac, "creo que todo aquello que signifique limitar las atribuciones que son privativas de los tribunales o del poder legislativo debería ser separado por el TC".
