Uno de los fallos del Tribunal Constitucional (TC) más esperados por el sector privado y el Gobierno sería dado a conocer la próxima semana.
Según fuentes conocedoras del proceso, si bien el TC tiene como plazo hasta el 13 de enero para emitir su dictamen relativo al control de constitucionalidad del proyecto de ley que reforma el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la magistratura lo informaría entre navidad y año nuevo.
Así, la próxima semana se podrá conocer el detalle de las resoluciones de la judicatura que trascendieron a mediados de mes y que apuntan a derogar del proyecto parte de las facultades sancionatoria y normativa que se le entregaba al Nuevo Sernac.
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El fallo es ansiadamente esperado tanto por el sector empresarial como por el Gobierno , ya que las diferencias en torno al proyecto de ley y las nuevas atribuciones que debe tener el nuevo Sernac ha alcanzado ribetes mayores.
Aunque al interior del mundo privado esperan el dictamen con optimismo, también mantienen la mesura ante la respuesta que pueda tener el Ejecutivo.
La Cámara Nacional de Comercio (CNC) ha mantenido el hermetismo, pese a jugar un rol clave. Cabe recordar que el gremio del comercio fue el que envió de forma inédita al Tribunal un escrito denominado "ténganse presente" en que planteaba que el proyecto creaba un súper órgano que concentraba un cúmulo de potestades normativas, interpretativas, fiscalizadoras, sancionatorias, de mediación y representación judicial sin precedentes y que esta acumulación era inconstitucional en varias dimensiones.
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Respuesta del Gobierno Ayer, un grupo de funcionarios del Sernac realizaron una manifestación en el centro de Santiago en contra de la eventual resolución del TC de realizar modificaciones al corazón de lo que será el Nuevo Sernac.
Esta es la segunda movilización de este tipo que llevan cabo los trabajadores del Servicio que la semana pasada se instalaron en las afueras del propio Tribunal.
Pero la arremetida del Gobierno para defender el proyecto también involucró al director del Sernac, Ernesto Muñoz, quien a propósito de la demanda en contra la empresa La Polar por efectuar refinanciamientos no informados a sus clientes al momento de cambiar la tarjeta de crédito, aprovechó de defender las facultades fiscalizadoras, sancionatorias y normativas que el proyecto le entrega al Servicio,
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Por lo mismo, el sector privado se mantiene expectante por la cada vez más dura posición que podría tomar el Ejecutivo.
La posibilidad de que la Presidencia envíe un veto es nula, debido a que no puede insistir con temas que ya habrían sido desechados por el órgano. Y además porque los vetos se producen contra las decisiones del Legislativo, y n o contra el TC.
Como el Ejecutivo tiene la obligación de promulgar la ley una vez que finalice el análisis de constitucionalidad, quizás el único camino sería configurar una nueva legislación y enviarla al Congreso, pero estaría contra el tiempo, considerando que el año legislativo culmina en enero.
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"Una de las posibilidades es que el Gobierno comience a cuestionar la labor del Tribunal Constitucional, lo que sería muy malo. También está el envío de una ley corta en medio de una gran campaña comunicacional contra el sector empresarial para posicionar el proyecto ante la opinión pública. Aunque lo que le juega en contra es el corto tiempo que tendría para tramitarla", afirma una fuente.
En ese sentido, recuerda la dura declaración del Ministerio de Economía contra la CNC por el ingreso del "téngase presente" que se sostuvo que las observaciones contra el proyecto son un repudiable intento de eliminar las facultades del Sernac para defender a los consumidores.
