El ambicioso proyecto de ley presentado por el Gobierno para fortalecer al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tenía por objetivo empoderar de atribuciones fiscalizadoras, sancionatorias y normativas al Sernac. Sin embargo, tras la revisión que realizó el Tribunal Constitucional (TC), el emblemático proyecto dejó a la entidad sin capacidad de multar ni tampoco con atribuciones normativas, entre otros ajustes. En el fondo, se evitó que el servicio fuese juez y parte.
El nivel de atribuciones que se le pretendía otorgar al Sernac resultaba excesivo, lo que terminaría dando al organismo un poder que significaría potenciales incompatibilidades con varios reguladores sectoriales.
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El Gobierno y los legisladores recibieron permanentes advertencias por parte de expertos y ciertos parlamentarios, respecto de la inconstitucionalidad de materias importantes del proyecto. El problema principal con la estructura que se pretendía dar al Sernac es que se transformaría en una especie de defensoría de los usuarios, al mismo tiempo que dictaba las normas al respecto y las interpretaba.
Las críticas que han surgido desde las autoridades son que tras el fallo del TC, el Sernac se transformó en un "león sin dientes". Esa afirmación puede ser una cuña de fácil pregnancia, pero lo cierto es que el Sernac resultante no es peor que el de antes. De hecho, se fortalece su facultad fiscalizadora, al tiempo que se permite la indemnización del daño moral en demandas colectivas. Otros aspectos que favorecen el desempeño del Sernac es que disminuye la cantidad de pruebas para los consumidores, como comprobantes de incumplimientos de contratos, y también se potencian las asociaciones de consumidores.
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El contundente fallo del TC no deja espacio a dudas sobre la decisión, pero sí se tiene que reabrir el debate respecto de la labor legislativa y de los equipos técnicos del Gobierno. Adicionalmente, la mirada que debe primar sobre el quehacer del Sernac debe ser el del correcto funcionamiento de los mercados, para lo cual se requiere de una buena regulación que persiga potenciales abusos, pero que no parta de la base de que todas las empresas buscan incumplir los contratos.
