$70 millones. Eso fue lo que pagó el Gobierno a la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para hacer una revisión técnica a la Ley de Pesca.
"La buena noticia es que hasta ahora se han seguido los plazos y todos los acuerdos del compromiso original". Así lo anunció esta mañana la representante en Chile de la FAO, Eve Crowley, quien agregó que el análisis que empezó en octubre del 2015, finalizará en agosto de este año.
Durante la reunión -a la que asistió también el ministro (s) de Economía, Rául Súnico para analizar los avances y la agenda de trabajo del organismo en esta materia- Crowley dijo que a fines de febrero “se construirá un instrumento de participación, a través de un cuestionario. Ese instrumento será aplicado a grupos locales que representan grupos de intereses distintos dentro del sector pesquero”.
Esos grupos de interés incluyen por ejemplo a los pescadores artesanales, industriales, sociedades científicas, ONGs, entre otros, explicó la representante de la FAO.
Por su parte, el ministro subrogante de Economía recordó que “básicamente lo que esta evaluación intenta hacer es una revisión técnica, lo más seria posible, con el objeto de que nuestra legislación forme parte de la legislación más moderna, y que recojan las mejores prácticas internacionales en materia pesquera”.
Asimismo, la representante del organismo internacional dijo que "nosotros hacemos las recomendaciones, pero toda la responsabilidad de las decisiones finales" son del Gobierno.
La polémica
“Consideramos esta discusión como una parte del proceso democrático, es un signo positivo, no negativo”, dijo la representante de la FAO consultada sobre la polémica que ha generado la Ley de Pesca en el último tiempo.
“Lo vemos como una oportunidad importante de abrir la discusión y de compartir las perspectivas técnicas”, agregó.
Por su parte, el ministro de Economía sostuvo que “la instalación de la mesa de trabajo de los parlamentarios, es una oportunidad en el sentido de poder abrir un debate más amplio en materia pesquera”.
Asimismo, explicó que pese a que el Gobierno ya ha manifestado su posición de inconstitucionalidad respecto al proyecto de ley, “el sólo hecho de que este debate se haya abierto abre una oportunidad para discutir de temas pesqueros”.
