La industria financiera chilena está contra el tiempo y, a su vez las auditoras trabajando a toda máquina. Si el mercado financiero quiere mantener sus negocios con Estados Unidos, deberá suscribir un acuerdo especial con el Internal Revenue Service de dicho país (IRS), ya sea a través de un acuerdo directo o bien, bajo el marco de un tratado intergubernamental (IGA, por sus siglas en inglés).

¿La razón? A partir de 2014 entra en vigencia la ley estadounidense Fatca (Foreing Account Tax Compliance Act), promulgada en 2010 y que busca que entidades financieras del exterior reporten al equivalente del servicio de impuestos internos de ese país las cuentas de sus clientes estadounidenses que obtengan ganancias derivadas de inversiones financieras fuera de los EEUU. Un proceso para el cual, según la norma, los actores domésticos deben solicitar la suscripción del acuerdo antes del 25 de octubre en el registro del IRS para no sufrir retenciones de capital, una de las consecuencias de no acogerse la ley (detalles en página 6). Sin embargo, ya a partir del 15 ésta empezará a notificar a quienes están suscritos, lo que todavía se ve cuesta arriba dado que aún no existe ni catastros de clientes a tributar en EEUU ni un diagnóstico respecto de los impactos que les generará Fatca.

Es que el costo de no estar en los registros del IRS es grande. Una institución financiera sufrirá una retención de 30% sobre todos los intereses, dividendos, rentas y royalties generados por títulos domiciliados en EEUU. Y en 2017, una retención del mismo nivel pero esta vez sobre el total de ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos generados en dicho país, más el producto de los ingresos brutos provenientes de la venta de valores que producen.

Una amenaza que crece con el paso de los días y cuya solución es difícil tanto para la banca, compañías de seguros, administradoras de fondos, brokers, y un largo etcétera. Y es que urge llegar a una decisión final, considerando que según datos de la Superintendencia de Bancos, las entidades chilenas tienen activos en el exterior por US$16.971 millones y, el 50% se encontraría en EEUU.

DIFICULTADES DE FATCA
El secreto bancario -establecido por ley- es una de las principales piedras de tope para la industria. Por ello, en el gremio esperan que los gobiernos de ambos países logren un entendimiento que ampare a las compañías extranjeras. Así lo afirma el gerente general de la Asociación de Bancos, Ricardo Matte, para quien "resulta clave el involucramiento del gobierno, participando en el diseño de este 'paraguas legal', que permita a las instituciones afectadas concentrarse en las complejidades operacionales y de sistemas que significa Fatca, además de permitir una razonable transición para su puesta en práctica".

En el caso de las corredoras y en el resto de entidades financieras que participan del mercado de capitales, ocurre algo similar. En las intermediarias, en una primera etapa, tendrán que informar las cuentas de contribuyentes estadounidenses cuyos saldos promedios sean superiores a US$50 mil. Sin embargo, en la actualidad existe un problema inmediato, como es la indefinición respecto de cómo se implementará Fatca y su impacto en la industria.

Si bien los grupos bancarios han expresado su interés por que éste sea a través de un IGA, en la industria bursátil importantes corredoras no bancarias no han logrado consensuar posturas al respecto. Mientras que actores como los fondos de inversión, coinciden con la posición de los bancos y aseguradoras.

En relación a las implicancias legales y operacionales de Fatca, “en estos momentos no es posible realizar un análisis acabado al respecto  (...) Se está también a la espera de la decisión que tomará el Estado de Chile en relación con la suscripción de un acuerdo intergubernamental con la autoridad tributaria de EEUU, el cual, de suscribirse, establecerá parámetros de cumplimiento a nivel nacional, junto con eventuales obligaciones para entidades administradoras de activos”, explicó la administradora de fondos Independencia tras ser consultada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Por lo mismo, el gobierno se encuentra en conversaciones con IRS y el Ministerio de Hacienda está en pleno proceso de monitoreo para medir las repercusiones que esta iniciativa tendrá para los distintos sectores, inclusive en la industria de pensiones.

Esto, en conjunto con los reguladores de bancos, valores y seguros, y AFP, quienes han estado consultando los efectos que generará dicha reforma tributaria. Con este trabajo, se evaluarán los pros y contra de realizar un acuerdo a nivel de gobierno versus la posibilidad de que cada compañía se suscriba a Fatca mediante un convenio directo con el IRS.

En todo caso, para la industria bancaria los beneficios de un IGA son evidentes. “Otorgan mayor flexibilidad, lo que alivia las cargas impuestas por Fatca, entre las que destacan: reportar directamente al IRS; cerrar las cuentas de los clientes que se nieguen a la entrega de su información; y retener las rentas de aquellos clientes que califiquen como U.S. Person (contribuyente de EEUU)”, señala Matte.

Pese a esta intención, lo cierto es que la concreción de un tratado no está del todo asegurada, razón por la que distintos agentes locales ya trabajan con empresas auditoras para, por lo menos, tener un diagnóstico de los efectos.

TRABAJOS DE AUDITORÍA
"No hay compañía en Chile, que sienta que está sujeta o con ciertos  riesgos ante Fatca, que no esté pidiendo cotizaciones". Así refleja el socio de Tax & Legal de KPMG en Chile, Mauricio López, el impacto que ha tenido el anuncio de esta ley sobre el mercado financiero. Las compañías comenzaron a trabajar en su mayoría durante este año, una vez que se conoció la normativa final de Fatca publicada el pasado 17 de enero, un documento sumamente esperado por la industria.

Con todo, López hace una distinción. “Las grandes entidades financieras transnacionales  van bastante más avanzadas, por su naturaleza”. Una historia distinta es la de la industria local que “frente a la incertidumbre que existía, prefirieron esperar para saber a qué atenerse”, señaló. Hoy, “el mercado se está moviendo y esperan tomar decisiones ojalá el primer trimestre del año”.

Una visión similar comparte César Gacitúa, senior manager de Tax & Legal de Deloitte. Coincide con que los grupos bancarios son los más avanzados y algunos incluso ya están implementando medidas. Una de las dificultades, explica, es cuando “los sistemas de empresas de un mismo grupo no conversan entre sí, porque lo más probable es que impliquen más recursos para la implementación de ley”.

A juicio de Ariel Koch, socio de consultoría para la industria financiera de Ernst & Young, “dados los plazos hasta la entrada en vigencia de Fatca, las entidades deberán planificar y gestionar cuidadosamente la implementación de estos ajustes, asignando los recursos requeridos sin  afectar la operación del negocio”. Según su experiencia, dicho proceso de implementación para contar con los requerimientos de la ley antes de 2014, han tomado entre 6 meses y un año, dependiendo de la magnitud de los ajustes en procesos y sistemas.

Debes saber

¿Qué es Fatca?
Ley estadounidense promulgada en 2010 que tiene por objeto evitar la evasión tributaria de contribuyentes de ese país que invierten en mercados extranjeros (Detalle en página 6).

¿Qué ha pasado?
La entrada en vigencia de esta ley será en 2014, por lo que las compañías financieras locales (Bancos, aseguradoras, corredoras, fondos de inversión, etc) se encuentran trabajando para determinar los impactos que tendrá esta ley sobre sus negocios, así como la manera para adecuarse a ella.

¿Qué consecuencias tiene?
Quienes no lo suscriban sufrirán una retención del 30% sobre todos los intereses, dividendos, rentas y royalties generados por títulos domicialiados en EEUU. En 2017 la retención será sobre el total de ingresos fijos, determinables, anuales o periódicos generados en EEUU, más el producto de los ingresos brutos provenientes de la venta de valores que producen.

¿Qué hay que hacer?
Según cálculos de la industria, si las compañías no quieren sufrir retenciones, deberían solicitar la tramitación del acuerdo con EEUU antes del 25 de octubre de este año.