El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile, Fernando Atria, es uno de los que más ha estudiado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC). "Esta es la súper trampa constitucional, el cerrojo que cierra a todos los demás", dice de plano respecto del TC el abogado que varias ha planteado la bandera de una nueva Constitución.
Atria cree que los trascendidos del golpe que habría dado la magistratura al proyecto de ley que fortalecía al Sernac, es un reflejo de ese "supra poder" que tiene el TC.
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"No hay ningún órgano que tenga competencias para declarar que vulneró el artículo 7° de la Constitución. El sistema constitucional chileno supone que el TC no es revisable por nadie y entonces pueden hacer exactamente lo que quieran, pueden ignorar las reglas que les imponen competencias, que le fijan límites", enfatiza el experto, quien además recuerda que "hace poco el Tribunal sacó un comunicado de prensa opinando sobre la constitucionalidad de una decisión del BancoEstado, eso fue algo que nunca nadie se lo pidió y fue una flagrante extralimitación de sus funciones. Pero como el TC no reconoce esas limitaciones, hace lo que quiere y no hay un mecanismo para evitarlo".
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Atria plantea que lo anterior "debería ser una demostración de que es necesaria una Constitución distinta".
El experto también menciona que los ministros del Tribunal Constitucional tampoco pueden ser acusados constitucionalmente, sin embargo, precisa, "sí pueden serlo los ministros de la Corte Suprema".
De ahí que el constitucionalista vuelve a enfatizar que el único mecanismo para modificar las competencias del TC es el debate una nueva carta magna. No obstante, Atria reconoce que "no me cabe ninguna duda que desde el TC van a intentar frenarlo". "En principio el TC no tiene nada que opinar cuando se trata de reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales por definición cambian la Constitución vigente", añadió.
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Atria además recordó que el TC tampoco puede ser fiscalizado por la Cámara de Diputados, por lo que un oficio al organismo no sería vinculante.
También advirtió el posible impacto de la sentencia por el caso Sernac sobre otros reguladores. "Ya que el TC ha dicho que la potestad sancionatoria administrativa es inconstitucional, un gerente de un banco que es sancionado sabe que si va al Tribunal podrá declarar que esa sanción es inconstitucional", dijo.
