A la salida del Tribunal Constitucional, tras los alegatos de competencia por la arremetida del Ministerio Público en la denominada arista penal del caso Tissue, el ánimo del Jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur Raúl Guzmán era de alivio.
El persecutor logró que el TC no paralizara la investigación por adulteración de precios de manera fraudulenta a través del artículo 285 Código Penal. El caso hoy está en manos del fiscal jefe de Puente Alto, Cristián Galdames, quien ha seguido con la toma de declaraciones a ejecutivos y directivos de las empresas acusadas de colusión en el mercado de derivados del papel.
El Jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, Raúl Guzmán conversó con PULSO. En un diálogo breve, el profesional descartó que el ingreso del Ministerio Público a la causa por colusión genere un quiebre en la institucionalidad de libre competencia. Más aún, el persecutor enfatizó que la figura de la delación compensada que permitió a la Fiscalía Nacional Económica (FNE) desbaratar el cartel formado por SCA Chile y CMPC en el mercado del tissue no se afectaría si finalmente la FNE y el TDLC acceden a la petición de acceso a los expedientes de la investigación.
A su juicio la actual Ley de Drogas entrega un ejemplo muy claro sobre las cautela que mantiene el Ministerio Público a quienes entregan información para la persecución de delitos.
“En la Ley 20 mil de infracción a la Ley de Drogas, también existe una figura similar a dicha instancia que es regulada por el artículo 22, donde el imputado, acogiéndose a esta figura pueden denunciar hechos de igual o mayor gravedad a los que ellos cometieron para poder evitar la comisión de nuevos delitos de tráfico, denunciar otras personas”.
Añade: “Eso se considera como una atenuante muy calificada que está regulada, y ahí se produce esa situación de cara a todo el mundo y nunca jamás hemos tenido un problema con aquella situación de esa naturaleza que es más o menos equivalente a la delación”.
Por otra parte, el fiscal admitió que de no contar con los expedientes solicitados a la FNE y al TDLC, la investigación en el área penal demoraría más tiempo.
“Hay que recordar que estamos investigando hechos complejos y de diversas conductas y sería bastante provechoso contar con los antecedentes con los que cuenta el TDLC y la FNE”, explicó el fiscal Guzmán.
Críticas a FNE
En tanto, los diputados Gabierl Silber (DC) y Daniel Farcas (PPD) volvieron a arremeter en contra de la Fiscalía Nacional Económica y esta vez sus dardos apuntaron al jefe del servicio.
Los parlamentarios solicitaron al fiscal que sustenta la artista penal, Cristián Galdames, que cite a declarar al fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal.
“Al no existir la posibilidad de que colabore la FNE ni tampoco el TDLC, nosotros creemos que su calidad de funcionario público una alternativa válida es que se llame a declarar al Fiscal Nacional Económico para que él entregue todos los antecedentes que tiene”, indicó el diputado Daniel Farcas.
Su par de la DC, Gabriel Silber, aclaró que en su calidad de funcionario público el fiscal nacional económico no se podría negar a la diligencia que solicitaría próximamente el fiscal Galdames.
Desde la FNE evitaron referirse a la diligencia solicitada por los parlamentarios.
