Pasadas las 17 horas de ayer, los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias llegaron a las oficinas de SQM en calle El Trovador. ¿La razón? desarrollar un allanamiento a gran escala a las oficinas de la minera con el fin de incautar material informático de la compañía controlada por Julio Ponce.

La orden fue solicitada por la Fiscalía durante la mañana del jueves, y fue expendida rápidamente por el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Daniel Aravena Pérez.

En el documento se autorizó la “incautación de los libros de contabilidad y sus respaldos de la citada empresa y en particular de los libros de compra y venta, el libro diario, el libro mayor, el libro de retenciones de honorarios y los balances, en formato físico o electrónico, además del plan de cuentas de la sociedad, correspondientes a los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014”.

Entre los delitos investigadas que se justifican la resolución, se mencionan la existencia del delito apropiación indebida, otorgamiento de contrato simulado, cohecho y fraude de subvenciones, así como emisión de boletas ideológicamente falsas.

Además, se consideró que el allanamiento fue autorizado ya que la medida “resulta ser idónea” para la finalidad que se persigue, que es obtener los documentos contables de los años mencionados.

En relación a esto, la autorización para los fiscales “resulta ser necesaria”, agregando que no se ve otro medio debido para lograr el fin ya que “se ha negado al Ministerio Público la entrega voluntaria de la documentación requerida”.

En la orden “blindó” el actuar de la Fiscalía, recordando la querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentada el  23 de marzo en contra de “Patricio de Solminihac Tampier, Patricio Contesse González y Ricardo Ramos Rodríguez (en sus calidades de representantes legales de la empresa Soquimich); en contra de Iván Correa Hasbún, Felipe Cádiz Herrera, Rodrigo Polidura Álvarez (en sus calidades de socios y representantes legales de la empresa Reactor SPA), y en contra Cristina Zúñiga Paredes (en su calidad de representante legal de la empresa Asesorías Cristina Andrea Zúñiga Paredes”, afirma la orden de allanamiento.

Los fiscales abandonaron las oficinas de calle Los Militares 4290, a eso de las 19:45 horas de ayer.

Insisten con Contesse

En otro frente, la compañía respondió a un requerimiento hecho por  la SVS, que solicitó una explicación a la firma por los últimos acontecimientos en torno a SQM.

En el escrito -prácticamente una transcripción de lo señalado por Patricio de Solminihac en la conferencia telefónica con inversionistas del día miércoles- la compañía insistió en responsabilizar a su ex CEO, Patricio Contesse González, de gastos sin respaldo.

“El 20 de marzo de 2015 identificamos ante el SII cerca de US$11 millones en pagos que se originaron desde la oficina de nuestro ex gerente general durante seis años, desde 2009 a 2014, que no reunían los requisitos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena debido a la falta de documentación de respaldo”, ratificó De Solminihac en su escrito dirigido a la SVS.

Allí, además, insistió en que fue la negativa a participar de la investigación y a aportar antecedentes lo que provocó la desvinculación del ahora ex CEO de SQM.

“Además se han producido algunos cambios dentro de la compañía durante el último mes. Como es de público conocimiento, el 16 de marzo el directorio decidió desvincular a nuestro ex gerente general, luego de la negativa del Sr. Contesse a cooperar con la investigación del comité”, señala el documento. En otro, se alude a “la falta de explicación” de Contesse para justificar los servicios y pagos, amparándose en su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse. También se plantea que no han sido notificados de la demanda del SII ni tampoco de las demandas colectivas presentadas en EEUU en contra de la firma.