En manos de la Fiscalía Regional Metropolitano Oriente quedará la investigación por las supuestas irregularidades al interior de ENAP, acusadas por una pieza clave al interior del mundo sindical de la petrolera, Nolberto Díaz.
El diputado Fuad Chahín (DC) solicitó en enero pasado una investigación "para determinar las eventuales irregularidades producidas en la administración de la ENAP, relacionadas con las operaciones de estandarización de marca y logotipo institucional, uso de los recursos del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM) y venta de derecho a opción de compra del edificio corporativo de ENAP, el que se encuentra ubicado en Avenida Vitacura N°2739, comuna de Las Condes".
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La petición del diputado está fechada el 16 de enero, es decir, en medio de la seguidilla de sesiones en las que se abordó la situación de la petrolera al interior de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados. En ellas, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines de Chile (Fenatrapech) y secretario general de la CUT Nolberto Díaz (militante DC), acusó públicamente a la administración de Marcelo Tokman de una serie de irregularidades al interior de la empresa. Las mismas, que solicita investigar el parlamentario.
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Tras la petición de Chahín, el propio Fiscal Nacional del Ministerio Público Jorge Abbott, remitió el oficio al fiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra, debido a que se trataba de materias de su competencia.
Acusaciones y defensa
Representantes de los trabajadores de ENAP han advertido que la administración ha perseguido un interés "privatizador". Esto, debido a que negoció con el grupo Linde una participación de su planta de hidrógeno del Biobío. A estos cuestionamientos se han sumado críticas por los millonarios desembolsos para cambiar la imagen corporativa de la petrolera y para el cambio de las oficinas corporativas en Santiago.
Desde ENAP aseguraron que no han sido notificados de una investigación por parte de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Sin embargo, rechazaron la existencia de irregularidades. "El oficio responde más bien a una petición de un diputado, cercano a un dirigente sindical que se ha enfrascado en un conflicto con la administración luego de agredir físicamente a un ejecutivo de ENAP, quien en hora de incidentes de la Cámara solicitó remitir dichas alegaciones, entre otras instituciones, al Ministerio Público", dijeron desde la compañía.
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"Para ENAP constituye una excelente oportunidad para demostrar que no existe ninguna infracción respecto de estas acusaciones y, como ha sido nuestra permanente línea de acción con todos los organismos fiscalizadores, entregaremos todos los antecedentes que se requieran", agregaron. La defensa no terminó ahí. "Lamentamos que se siga intentando, por intereses personales, dañar tanto la reputación de la empresa como a los propios trabajadores, quienes han sido artífices de los buenos resultados logrados en ENAP en los últimos años", finalizaron desde la estatal.
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Los frentes
La investigación del Ministerio Público se sumará a la ya realizada por parte de Contraloría, que a través de un informe cuestionó la falta de respaldo de la decisión de la petrolera para vender el inmueble donde se ubicaba su ex Casa Matriz. Esto, considerando que las actuales oficinas corporativas tienen una menor superficie (5.400m2 versus 6.892m2) y se tenían bajo un concepto de leasing y no de arriendo, como las actuales. "Debe anotarse que el gasto que implica el pago de las rentas de arrendamiento correspondientes al contrato, por 15 años es superior en un 46% a los recursos obtenidos por ENAP con la venta del inmueble corporativo", se defiende la estatal.
Tras la publicación de dicho informe, ENAP se encuentra recopilando antecedentes, los que deberán ser entregados a Contraloría. De ser necesario, se subsanarán los procesos en un futuro.
