Luego de un duro enfrentamiento entre las partes realizado el día anterior, ayer la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la suspensión condicional del caso SQM, esto pese a la fuerte oposición que estableció el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Aunque la decisión de la fiscalía de llegar a un acuerdo con la minera no metálica generó fuertes cuestionamientos, e incluso desencadenó en parte la renuncia de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ayer el representante del órgano persecutor quien conduce la causa SQM celebró la decisión del tribubal de alzada.
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"Estamos muy satisfechos. Creemos que es una excelente salida para el caso", sostuvo el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez.
Además, el persecutor manifestó que "lo primero que he hecho ha sido comunicarme con las fundaciones receptoras de estas grandes sumas de dinero y la alegría de ellos era total, porque se va a hacer mucho bien a mucha gente, y eso nos tiene muy contentos a nosotros como Ministerio Público".
El fallo establece que la decisión de ir o no a juicio oral corresponde al fiscal atento su rol de evaluador previo de las evidencias y estrategia al efecto. Asimismo, que el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y el imputado cumple con el requisito de la posibilidad jurídica de la pena eventual sin que se vislumbre alguna alteración a dicha condena que haga sea carente de plausibilidad por tratarse de errores jurídicos, que no ocurren en absoluto.
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De esta manera, el acuerdo que confirmó el tribunal, contempla el desembolso de $ 2.550 millones por parte de SQM (900 millones a beneficio fiscal y otros 1.650 millones para fundaciones) y exime a la firma de una condena en su calidad de persona jurídica por los delitos de cohecho que se le imputaron durante la indagatoria.
A su vez, el representante de la firma, el abogado de SQM, Hugo Rivera, aseguró que confiaban en la determinación de los jueces, "porque lo que se estaba pidiendo es lo que la ley dice".
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"La ley es la ley y estamos en un Estado de Derecho. Hay que sujetarse a la ley", dijo el jurista.
Asimismo, Rivera sostuvo que esperaban la determinación de la Corte de Apelaciones, "pero siempre uno quiere ver las resoluciones escritas, así que obviamente estamos contentos", subrayó.
En la otra vereda, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, sostuvo que si bien el organismo "no comparte la decisión del Ministerio Público que hoy (ayer) fue ratificada por la Corte de Apelaciones", acatarán el fallo.
"El Consejo considera que, dada la gravedad de esta causa, es de aquellos casos que sin duda debían ir a juicio y no ser objeto de una suspensión condicional pero ciertamente el Consejo de Defensa del Estado va a respetar la decisión de nuestros tribunales", añadió la abogada.
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De esta manera, el organismo no insistiría con un recurso de queja ante la Corte Suprema.
Cabe señalar que la estrategia del Ministerio Público en este caso se suma a la salida alternativa que el fiscal Manuel Guerra le concedió al senador Iván Moreira (UDI) en el marco del denominado caso Penta.