A horas de haber terminado el Gobierno, el cierre del penal Punta Peuco continuó ayer generando controversia entre las autoridades de la administración de Michelle Bachelet y los partidos de la extinta Nueva Mayoría.
Esta vez, fue una publicación de La Tercera, que aseguró que la mandataria había firmado el decreto para trasladar a los reos condenados por causas de derechos humanos a una cárcel común, pero que el ex ministro de Justicia, Jaime Campos, se habría negado a firmar.
El antecedente impactó a los presidentes de los partidos de oposición, quienes ayer tuvieron su primera reunión tras dejar La Moneda y tuvieron que tocar el tema. Pero en vez de cuestionar directamente a Campos, a quien dijeron que le pedirían una explicación, también criticaron a la ex Presidenta por no haber tomado una decisión a tiempo.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
Así lo señaló Ernesto Velasco, presidente del Partido Radical, misma colectividad en la milita el ex secretario de Estado, quien afirmó que en su colectividad "siempre fuimos partidarios del cierre del penal Punta Peuco", pero que esa medida "no se debía tomar al final de un gobierno, sino que en el momento en que corresponda".
Lo mismo dijo su par del PPD, Gonzalo Navarrete, quien apuntó que "nosotros en octubre o noviembre planteamos que se debió haber concretado el cierre. Hacerlo en las últimas horas del Gobierno no era la mejor oportunidad", dejando entrever una crítica a la mandataria.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
Por su parte, Campos aclaró su versión, señalando en CHV que el pasado viernes, en su último día en el ministerio, estuvo en su oficina hasta las 17 horas y nunca recibió ningún decreto para cerrar o trasladar el recinto penitenciario. Además, dijo a La Tercera que "si hay un acto que violenta lo que señala mi conciencia, por supuesto que no lo ejecutaré".
A los cuestionamientos al ministro, y a la falta de decisión de la Presidenta, se sumaron las declaraciones de la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fries, quien dijo a T13 Radio que había visto el decreto con que se iba a cumplir una de las exigencias más demandadas por la izquierda. "El documento estaba firmado, faltaban algunos pasos nomás", aseveró Fries.
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
El fallido plan
De esta forma, el cierre de Punta Peuco pudo haber sido el último gran anuncio de Bachelet antes de dejar la Presidencia.
Sin embargo, el destino del recinto penitenciario, que hoy alberga a 122 reclusos, no habría sido su cierre, sino que su reacondicionamiento para albergar ahí a presos en situación de discapacidad.
Para ello, según La Tercera, Gendarmería realizó preparativos desde hace un par de años. En 2015, cuando Javiera Blanco era la titular de Justicia, se habría ordenado la remodelación del módulo Asistyr de Colina I, por un valor de casi $1.500 millones, y ese habría sido el lugar destinado para recibir a los reos de Punta Peuco.
[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]
En tanto, a fines de febrero, algunos sectores de izquierda, como el PC y el Frente Amplio, reactivaron su petición para que la mandataria "cumpla" su promesa, en referencia a que se habría comprometido ante Carmen Gloria Quintana en 2015 a clausurar este recinto penal.
Oficialismo reacciona
El actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue consultado sobre la existencia del decreto que habría tenido la venia de la ex mandataria.
Ante las preguntas, Larraín descartó la existencia de ese decreto actualmente y agregó que "ya no se hizo nada sobre Punta Peuco en el gobierno pasado y en el que viene nos vamos a preocupar, más que de Punta Peuco, de asegurar que la población penal tenga condiciones de vida digna".
