Próxima a dirimirse podría estar la contienda de competencia entre la Contraloría General de la República y la Corte Suprema. Ambos organismos están enfrentados por el régimen previsional que debe regir para los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), lo anterior, luego de que el organismo que comanda Jorge Bermúdez determinara que los trabajadores deben continuar en las AFP, mientras que la justicia encuentra analizando la situación tras un recurso de protección, luego de la resolución de la Corte de Apelaciones que le daba la razón a los funcionarios.
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Pero en paralelo, la disputa empieza a abrir nuevos flancos en entidades similares. A las iniciativas de los 2.360 funcionarios de la DGAC, se sumó el año pasado la de trabajadores de la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), quienes presentaron una demanda en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo en contra de la misma Enaer, Capredena, y las AFP Habitat, Cuprum y Provida, solicitando cambiar sus sistema previsional desde el privado, hacia el de las FFAA.
El 28 de septiembre, la instancia resolvió que la acción no corresponde pues debe ser resuelta por entidades administrativas previo a acudir a tribunales. Así, explicó que "debe existir pronunciamiento de la Administración, así lo exige la norma al señalar que debe presentarse la resolución final de la entidad fiscalizadora o la autoridad administrativa correspondiente y en este punto, el Tribunal difiera claramente de lo señalado por la demandante en relación a la función que cumple a nivel administrativo la Contraloría General de la República". Con esto, el juzgado rechazó la demanda. Tras ella, los funcionarios de Enaer apelaron, pero el 5 de diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó lo resuelto en primera instancia. Se estima que podría escalar hasta la Corte Suprema.
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En la sala del Senado
El miércoles el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, citó al contralor general de la República a una sesión especial de la sala para que el próximo martes 6 de marzo, una semana antes de que se renueve cerca de la mitad de los integrantes de la corporación, presente sus argumentos respecto de la disputa con la Corte. Tras esto, la Sala podría votar.
Según la Contraloría, son las administradoras de fondos de pensiones las que deben gestionar las cotizaciones y pagar las pensiones de los trabajadores de la DGAC, a diferencia de lo que los funcionarios pidieron en 2012 cuando interpusieran una demanda al 29° Juzgado Civil de Santiago, en representación de 1.331 personas, y que luego fue apelada en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde los funcionarios de la DGAC tuvieron un fallo favorable. Tras la resolución, fue el Consejo de Defensa del Estado el que elevó la discusión ante la Corte Suprema, razón por la cual Bermúdez resolvió llevar el tema al Senado.
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La situación es compleja. En paralelo a la acción judicial mencionada, cerca de 860 funcionarios presentaron una nueva acción ante el 29° Juzgado de Letras de Santiago, en la que también apuntan a pasar al sistema previsional de las FFAA. Sin embargo, Contraloría llevó la acción ante el Tribunal Constitucional (TC) para zanjar la competencia entre ella y los tribunales. Es decir, para ver quién tiene la última palabra.
Así, el 18 de enero del año pasado el TC dirimió la contienda de competencia a favor de la Contraloría, declarándose que el 29° Juzgado de Letras de Santiago debe cesar en la tramitación de la causa, "por carecer de atribuciones para ello".
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Esto implica que, en caso de que el Senado vote a favor de la Corte, podría darse una situación en que los primeros demandantes, es decir los 1.330 funcionarios que explican la contienda de competencia ante la corporación, ingresen al régimen previsional de las FFAA, mientras que los segundos demandantes, seguirían en el sistema privado.
A ello, se suma el hecho de que a pesar de un eventual ingreso a Capredena, la Contraloría aún debe aceptar que se jubilen por dicha entidad. En su presentación ante la Comisión de Constitución del Senado en enero de 2017, Bermúdez señaló que en la medida que los funcionarios se pensiones, las resoluciones que emita Capredena deben ir a toma de razón a la Contraloría: "¿Cómo podría hacer toma de razón la Contraloría si iría en contra de la propia ley y la jurisprudencia expedida?", dijo en la ocasión.
Según la mesa de trabajo de 2015 compuesta por la asociación de funcionarios de la DGAC, los ministerios de Defensa, Interior y Hacienda, el traspaso de la totalidad de funcionarios de la DGAC a Capredena, costeada por la Dipres, está por sobre los $900.000 millones por los próximos 30 años.
