Ya finalizando la discusión de la Ley de Presupuestos 2018, además con un cambio de gobierno el próximo año, es pertinente mirar, en términos fiscales, un poco más allá de lo que se deja para el año 2018.

El último Informe de Finanzas Públicas (IFP) dibuja un escenario donde para 2017 se estima un Balance Fiscal Efectivo de -2,7% y un Balance Cíclicamente Ajustado de -1,7%. Para 2018, en tanto, se estima un Balance Efectivo de -1,9% y uno Cíclicamente Ajustado de -1,5%, cumpliendo de esta manera con la regla autoimpuesta por Hacienda, dado que este déficit se reduce en 0,25 puntos del PIB.

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Sin embargo, preocupa la situación fiscal que se heredará para los próximos años, además del espacio que se tendrá para desarrollar un nuevo plan de gobierno. Esto, por cuanto la regla fiscal se fija en el balance del año en curso y no así en el escenario que se va dejando hacia el mediano plazo.

El IFP proyecta gastos comprometidos significativos y crecientes hacia 2021, estimándose en $47.421.814 millones sólo para ese año, un 5% más alto que lo estimado para 2018. Estos gastos comprometidos sólo incorporan los proyectos de ley considerados a la fecha, y aun así van en incremento.

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De esta manera en el Presupuesto actual se está ocupando capacidad de endeudamiento del Fisco en gastos que serán ejecutados por otra administración, por lo que cabe plantearse si es razonable comprometer gasto significativo a mediano plazo a partir de una ley que es anual.

Además, en el actual Presupuesto -tal como ha sido discutido- hay serias dudas de que los ingresos fiscales hayan sido correctamente estimados, presentándose cifras sobredimensionadas, lo que podría llevar a déficits efectivos a futuro mayores a los que hoy se presentan. Esto sería muy perjudicial para nuestra economía, la que hoy día -y más que nunca- necesita volver a un escenario de disciplina fiscal.

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*La autora es economista senior Libertad y Desarrollo (LyD). @carogrunwald