Los primeros lineamientos respecto a las modificaciones que podría enfrentar la Ley de Pesca -que entró en vigor hace cinco años- es lo que se debatirá a partir de la próxima semana, en el contexto de la primera reunión del subsecretario del ramo, Eduardo Riquelme, con el Consejo Nacional de Pesca.

En dicha instancia, que se desarrollará en Valparaíso, están llamados a participar los 27 miembros del consejo, entre los cuales hay representantes de distintas organizaciones gremiales de los sectores privado, laboral y artesanal, más siete consejeros que fueron nominados por el anterior gobierno (con la aprobación del Senado y cuya gestión durará hasta junio) y los directores de territorio marítimo y marina mercante. A ellos se sumarán personeros del Servicio Nacional de Pesca y del Instituto de Fomento Pesquero.

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Fuentes señalaron que se espera que la reunión cuente con gran convocatoria, dado que al mundo pesquero le interesa despejar las dudas frente a los cambios que se podrían aplicar a la normativa, motivo al que se suma el interés por conocer a la nueva autoridad.

Asimismo, indicaron que la instancia permite a los consejeros plantear inquietudes, recomendaciones y proposiciones, por lo que se espera que sea una buena instancia para empezar a despejar las dudas.

Trascendió que una de las recomendaciones que se podrían generar en dicha reunión tiene que ver con que se realice una evaluación de la actual normativa en los próximos dos a tres meses, con el fin de que se determine, tras ese plazo, si ésta ha sido o no un aporte para el sector y despejar a la vez, la presión social y política que la rodea. La idea en el fondo, es determinar que una modificación responda a una necesidad y no a dicha presión, ya que muchos consideran que a pesar de los pagos ilícitos que se habrían realizado a algunos parlamentarios, esta situación no habría afectado la discusión de la norma, por lo que los motivos que la impulsaron se estarían cumpliendo.

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A lo anterior, también se sumaría la propuesta de realizar un informe del funcionamiento de la Ley de forma interna en Subpesca y con los datos con los que este organismo cuenta. Eso, en línea, con el anuncio que realizó el ministro de Economía, José Ramón Valente, que informó que se solicitará un estudio sobre la ley a un organismo internacional.

En esa línea, cabe recordar que ya se cuenta con un análisis sobre la materia que fue desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que fue dado a conocer en septiembre de 2016. En dicho informe, el organismo internacional dio un buen diagnóstico de la normativa en materia científica, aunque sugirió correcciones que llamaban a establecer reglas más duras para los artesanales.

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Aporte fiscal

De acuerdo con datos preliminares de Subpesca, en 2017 el sector pesquero pagó al Estado un total de $20.597,5 millones (unos US$33,7 millones, según el dólar observado de ayer), de los cuales $4.854 millones responden a concepto de patente y los $15.743 millones restantes, al royalty que impuso la ley.

Con lo anterior, desde la entrada en vigencia de la ley, en 2013, el sector ha aportado a las arcas fiscales US$147,8 millones: US$69 millones por patentes y US$78,6 por royalty.

El ex jefe de la División de Desarrollo Pesquero de la Subpesca, Alejandro Gertosio, comentó al respeto que "la implementación de la ley ha dejado en evidencia espacios de mejora, que esperamos sea posible de implementar en un futuro cercano, habiendo aspectos en los cuales hay consenso como son elementos para el fortalecimiento institucional. Otras materias son resorte de la nueva administración".

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