El proyecto de ley que reformará el actual sistema de libre competencia y que penalizará la colusión entró en recta final en el Congreso, pero en su última etapa ha debido sortear más de un escollo.

Ayer, la sesión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, en la que se iba a discutir la facultad de acción penal que tendría la Fiscalía Nacional Económica (FNE) frente a los carteles terminó sin acuerdo. Esto último, pese a la intención del Ejecutivo de lograr el despacho de la iniciativa antes del 31 de enero.

El problema para el Gobierno surgió luego que los senadores, Pedro Araya (Ind) y Alberto Espina (RN), instaran al Ejecutivo y a sus pares a otorgar más libertades a la FNE para el ejercicio penal. Ambos parlamentarios coincidieron en que no se debe imponer la condición de una sentencia ejecutoriada en casos de colusión para que la Fiscalía Económica tenga la opción de presentar una querella.

Frente a esto el gobierno, el Ministerio Público y la FNE coincidieron en que la acción penal sólo tendrá eficacia cuando el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia determine la existencia del delito.

Tras no lograr consenso sobre esta materia, la comisión acordó solicitar al Ministerio de Economía la presentación de dos expertos en derecho de libre competencia a fin de conocer las implicancias que tendrían las propuestas divergentes.

Negativa

El titular de la FNE, Felipe Irarrázabal, rechazó la propuesta de los senadores.

“Siempre el burócrata quiere más poder. Yo les digo: a la FNE no les den esto. Esperen a que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tome la decisión. No echen a perder el sistema de libre competencia, ni la potencialidad que puede surgir, que es el mundo de las indemnizaciones”, instó a los senadores el fiscal Irarrázabal.

“Más importante que el momento en el cual la Fiscalía Nacional Económica inicia la acción penal es el modo en el que se preserva la prueba obtenida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la forma en que se puede utilizar después para poder ser usada en el ámbito penal. Ese es un factor muy relevante para el éxito de la persecución penal”, explicó a PULSO, el fiscal nacional subrogante, Andrés Montes.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes sostuvo que el objetivo es que ahora el proyecto sea despachado por el Parlamento durante la primera semana de marzo, recordando a los parlamentarios que existe un consenso entre ambas fiscalías sobre la propuesta del Ejecutivo.

Al ser consultado si el Gobierno estaría dispuesto a asumir el costo político de lo que signifique retrasar la labor del Ministerio Público al proponer que la FNE presente su querella sólo si tiene una sentencia ejecutoriada por la Corte Suprema en casos de colusión -considerando que esto podría tardar incluso cuatro años- reiteró que el objetivo del Gobierno es elevar las multas y penalizar la colusión.