Tras un largo período de congelamiento, en las últimas semanas el Gobierno decidió reactivar y avanzar a toda máquina en el proceso de preparación del envío del proyecto de ley que crea un estatuto laboral especial para el sector agrícola.

La regulación sectorial es una aspiración que tiene hace años el sector empresarial y laboral del agro. El gobierno anterior de Sebastián Piñera intentó sin éxito avanzar en esa materia.

La mesa nacional agrícola, compuesta por privados y trabajadores, envió en 2016 una dura carta a La Moneda pidiendo congelar el despacho al Congreso del texto legislativo que reactivaba la discusión del estatuto del temporero, argumentando que no podían apoyar un proyecto que no respetaba los acuerdos tripartitos y que tenía imprecisiones.

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De ahí pasó un largo período de trabajo para tratar de recomponer las confianzas entre el Ejecutivo y los gremios y para rediseñar la esperada iniciativa. Esa labor concluyó en agosto con un principio de acuerdo que se materializó en la redacción de un borrador que sirviría como base para el inminente despacho de un proyecto de ley. Sin embargo, el envío no se concretó por esos meses.

En un último intento por cumplir con la iniciativa que es parte del programa de gobierno de Michelle Bachelet, hace unos días la ministra del Trabajo Alejandra Krauss, que es quien comanda el diseño del proyecto, convocó a los representantes empresariales del agro para volver a acercar posiciones y anunciarles que era altamente probable el envío.

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Fuentes del ministerio confirmaron que la presentación del estatuto agrícola al Congreso se realizará en enero, como parte de los últimos compromisos de la agenda legislativa del saliente gobierno.

Reacciones por envío

El anuncio sorprendió a Ricardo Ariztía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA). "A estas alturas cuando quedan dos semanas distritales y un mes de vacaciones, no tiene ningún sentido enviar el proyecto. Si es por enviarlo para cumplir una meta presidencial, no me parece correcto. Esto requiere un análisis y los tiempos adecuados para poderlo aprobar. Pretender despacharlo en unas pocas sesiones previas al traspaso de mando es porque está buscando un objetivo político y no un objetivo real de solucionar el problema del trabajo dentro de la agricultura", disparó.

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Aristía añadió que "lo lógico es dejar (el debate) para el otro gobierno y poder reestudiar lo que está hoy día en trámite".

En la misma línea, el presidente de Fedefruta, Luis Schmidt, remarcó que no se trata de "un proyecto consensuado y si lo envían queda bastante poco tiempo para tramitarlo".

Desde el mundo laboral del agro coincidieron con las aprensiones del sector empresarial.

Ambos gremios confidencian que al contenido del estatuto se le incoporaron materias en las cuales no hubo pleno acuerdo, por lo que acordaron que lo razonable es que esas diferencias se resuelvan durante la discusión en el Parlamento en el próximo período legislativo.

Trascendió que una de las principales trabas que persisten es la creación de un tipo de indemnización a todo evento para los temporeros agrícolas.

Uno de los actores que ha estado vinculado al proceso reconoce que "la ministra Krauss a diferencia de la ministra Rincón, fue súper seria, reunió a todos a los actores, tuvimos 12 ó 15 reuniones, pero la CUT se salió con la suya y logró introducir algunos acápites en los cuales no estamos de acuerdo".

Uno de los compromisos que habría asumido la autoridad con los gremios del sector es enviarles antes de la presentación del proyecto de ley al Parlamento una minuta con los principales detalles de la propuesta de modificación legal.

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