El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, viajó ayer a Temuco para colaborar con los peritajes sobre las presuntas irregularidades ocurridas durante la "Operación Huracán". En esa ciudad también se encuentra el subdirector de la institución, general Julio Pineda, quien está a cargo del sumario administrativo por las supuestas evidencias que habrían alterado.

Al respecto, Pineda señaló que "lo importante es que las dudas queden todas claras. Ese es nuestro objetivo y la orden que ha dado el general director".

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Más allá de lo ocurrido en Temuco, gran parte de la atención estuvo puesta en Santiago. La mañana de ayer, los diputados de Chile Vamos Gonzalo Fuenzalida (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) criticaron las decisiones de La Moneda en este tema.

Fuenzalida señaló que "el Gobierno termina el 11 de marzo y tiene que hacer la pega". Por su parte, Coloma puntualizó que "hemos visto una ausencia por parte del Gobierno de una mayor proactividad para resolver una de las crisis más graves que ha vivido en materia de credibilidad, tanto Carabineros como la Fiscalía, por lo que ocurrió o no ocurrió en el marco de la Operación Huracán."

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Las reacciones no tardaron en La Moneda. La vocera, Paula Narváez, señaló a los parlamentarios de Chile Vamos que "este tipo de situaciones trasciende a los gobiernos". Agregó que "tenemos que tener una mirada de Estado y de unidad, por lo tanto no compartimos esas críticas".

Junto con responder a los representantes de la oposición, Narváez recalcó que el Ejecutivo seguiría insistiendo al Ministerio Público para que continúe con las diligencias por la causa de los ataques incendiarios: "el Gobierno es parte querellante de la causa madre de esto que tiene que ver con los ataques incendiarios. Como parte querellante ha solicitado nuevas pericias. Esa solicitud se ha hecho a la Fiscalía y la Fiscalía ha señalado que no son necesarias".

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Un par de horas después fue la misma Fiscalía la que confirmó el rechazo a la solicitud. El organismo decretó no perseverar en las indagaciones aduciendo que "la Fiscalía no tiene antecedentes para seguir adelante con esta investigación. Quiero reiterar que no significa que pensemos que no hay hechos constitutivos de delito, lo que tenemos claro es que no hay antecedentes que nos permitan seguir adelante que no estén contaminados", señaló la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera.

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