Grandes farmacéuticas: almacén de problemas

Mark Lanier no es un abogado común y corriente. Su éxito es tal que en los últimos años ha dado fiestas generosas animadas por Miley Cyrus, Bon Jovi y Sting. Así, cuando lo contrataron para representar a un hombre que acusa que un remedio para la diabetes le dio cáncer, la industria farmacéutica debió asustarse.

Tras el argumento de cierre de Lanier, que acusó una "desconsideración imprudente a la seguridad del paciente", un juez federal en Louisiana ordenó la semana pasada que Takeda de Japón y Eli Lilly de EEUU pagaran un récord de US$9.000 millones en daños por ocultar evidencia de un vínculo posible entre su medicamento Actos y el cáncer a la vejiga.

Para Lanier, fue el último de una serie de triunfos frente a grandes farmacéuticas. Se hizo famoso en EEUU hace una década, ganando un veredicto de US$250 millones contra Merck & Co de parte de una viuda que culpó al analgésico Vioxx de la muerte de su esposo por un fatal ataque al corazón.

Su última victoria ha fijado un nuevo parámetro para las penas de la industria farmacéutica, tres veces más grande que el récord de US$3.000 millones que pagó GlaxoSmithKline por abusos de marketing en 2012. Los analistas dicen que el monto es tan alto que es casi seguro que el jurado lo reduzca y podría ser rechazado en una apelación. Takeda y Eli Lilly insisten en que Actos es seguro y han prometido rebatir vigorosamente el veredicto.

Pero el juicio, en el que el jurado oyó cómo Takeda destruyó volúmenes grandes de documentos relacionados a Actos, se sumó a una serie de casos que han puesto a toda la industria en el banquillo.

A primera vista no hubo una conexión directa entre el veredicto de Louisiana y otros titulares vergonzosos: una acusación de soborno contra GSK en Irak; una investigación de competencia contra Novartis y Roche en Francia; y un reporte que acusaba que la costosa medicina antiviral Tamiflú no sería mejor que una aspirina.

Sin embargo, todos ellos de alguna manera, respaldan las acusaciones de críticos de la industria que aseguran que las grandes farmacéuticas ponen las ganancias antes que la salud pública, desde elegir las mejores pruebas clínicas para ocultar riesgos a la salud, hasta sobornar doctores y bloquear medicinas más baratas.

Dichas acusaciones son disputadas ferozmente por las empresas, pero incluso los líderes de la industria admiten que han tenido cierta resonancia en el público. "Aún no se llega a una definición en un gran número de estos conflictos, pero las cosas son difíciles cuando eres visto como una gran, gran farmacéutica", dijo Trevor Jones, ex jefe del grupo de lobby de la industria en Reino Unido.

En respuesta a las críticas, fabricantes de medicamentos como Roche, GSK, y Johnson & Johnson, anunciaron en el último año algunas medidas para abrir su información de pruebas clínicas al público para investigaciones independientes. Otros están más precavidos, citando la necesidad de proteger su propiedad intelectual y la confidencialidad de los pacientes. Pero puede que la opción ya no dependa de las empresas: el parlamento europeo aprobó este mes una ley que solicita resúmenes detallados de las pruebas que van a juicio, para que sean públicas.

"La presión no va a desistir", dijo una fuente senior de la industria. "Hay medidas hacia una mayor transparencia en todas las áreas de la sociedad. Es imposible resistirse".

Los desafíos reputacionales no son nada nuevo para las grandes farmacéuticas, pero la tendencia está obligando a las empresas a repensar sus estrategias de marketing en medio de una mayor atención a sus vínculos financieros con los doctores. GSK anunció en diciembre que dejaría de pagarle a los doctores por asistir a conferencias médicas para hablar de parte de la empresa sobre productos, a partir de 2016. También le quitó las metas personales a su equipo de ventas.

Ejecutivos de la industria están preocupados de que una peor imagen del público hacia la industria haga que les sea más difícil defender sus precios, a medida que los presupuestos de salud se reducen en todo el mundo desarrollado. Los costos de medicamentos son el foco de la investigación de competencia francesa anunciada la semana pasada para ver si Roche y Novartis se coludieron para bloquear alternativas más baratas de su tratamiento ocular Lucentis.

Incluso en EEUU están haciendo preguntas más estrictas después del controvertido precio de US$1.000 diarios para un remedio contra la hepatitis C. Los ejecutivos de la industra reconocen que será difícil defender la necesidad de hacer más gastos en medicamentos sin la confianza del público.

Jones dice que "deberíamos ser conocidos por salvar vidas, no por falsificar información y sobornar a médicos".

Mientras tanto, en Louisiana, Lanier se prepara para atender a 2.700 pacientes que hacen fila para demandar a Takeda y Eli Lilly, que deberán decidir si buscan un acuerdo o siguen dando la batalla.