El año pasado fue el primer período en que el Crédito con Aval del Estado (CAE) se vio significativamente afectado tras la puesta en marcha de la gratuidad en la educación. Esa es una de las conclusiones a las que llega la cuenta pública de 2017 de la Comisión Ingresa, que muestra que, del total de 65 mil nuevos estudiantes financiados con este sistema de créditos, los nuevos beneficiarios de los Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT) fueron los más afectados, reduciéndose prácticamente a la mitad en 2017.
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De hecho, justamente estas entidades se convirtieron en las instituciones de educación superior con mayor baja (ver tabla): si en 2016 eran 12.469 los nuevos beneficiarios que ingresaron a CFT con CAE, el año pasado bajaron a 6.175 (-50,5%). En IP, en tanto, la baja fue desde 34.111 a 18.925 nuevos beneficiarios en igual período (-45%).
¿La razón? La Comisión Ingresa detalla que fue justamente en 2017 cuando entraron al programa de gratuidad instituciones que hasta 2016 "tenían un importante número de estudiantes con CAE (Duoc e Inacap, principalmente), provocando un cambio significativo en la participación relativa", puntualiza en la cuenta pública.
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Con este telón de fondo, el peso de nuevos beneficiarios de IP en el CAE disminuyó desde 38% en 2016, a 29% en 2017. Lo mismo ocurrió con la participación de los CFT, que retrocedió desde 14% en 2016, a 9% el año pasado.
Y la baja no se detendría ahí. Sin ir más lejos, esta semana el Presidente Sebastián Piñera firmó un proyecto de ley que busca ampliar la gratuidad en los IP y CFT, para beneficiar al 70% de las familias más vulnerables a partir del próximo año, con miras a alcanzar el 90% dentro de los siguientes cuatro años.
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Sin embargo, desde la Comisión Ingresa creen que de aquí en adelante "alcanzar una mayor cobertura de gratuidad dependerá de varios factores. Entre los más importantes está la restricción de que el Estado pueda solventarla a través de una mayor recaudación fiscal. Desde esa perspectiva, el crecimiento económico resulta ser una variable clave de la cual depende que se alcance dicho objetivo", dice el documento.
Con todo, en las universidades no ocurrió lo mismo que en los IP y CFT, donde el número de estudiantes se mantuvo prácticamente estable. Por una parte, los matriculados con CAE en las universidades que pertenecen al CRUCH retrocedieron desde 10.720 en 2016 a 10.504 el año pasado (-2%). Por otro lado, en las universidades que no forman parte de ese Consejo la disminución fue desde 32.402 a 30.261 nuevos beneficiarios (-6,6%).
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La baja que registraron todas las instituciones es un reflejo de la caída que hubo el año pasado tanto en número de nuevos beneficiarios del CAE, como en montos otorgados con este fin. En esa línea, el número de nuevos beneficiarios disminuyó en 26,57%, pasando de 89.785 asignaciones en 2016, a 65.927 al año siguiente.
Adicionalmente, cuando se trata del monto de aranceles financiados, la baja fue de 16,56% en 2017 versus el año anterior: si en 2016 se otorgaron $129.861 millones, la cifra retrocedió a $108.357 millones el año pasado.
Mora
Los deudores del CAE que desertaron tienen una mayor tasa de morosidad en el pago de sus cuotas, versus los deudores que lograron egresar. Esto, considerando que en 2017 el 70,8% de los deudores desertores presentaba mora, mientras que sólo el 29,3% de los deudores egresados era moroso.
Por otra parte ,el grupo de deudores egresados de las universidades (CRUCH y no CRUCH), tiene una morosidad menor que aquellos que cursaron sus carreras en IP y CFT. Así, mientras las universidades han mantenido tasas de morosidad entre 20% y 25% entre 2013 y 2017, los IP y CFT han mostrado tasas de morosidad que fluctúan entre 30% y 37%.
