La próxima semana, la sala del Senado podría despachar definitivamente la reforma a la educación superior, proyecto emblema del Gobierno, que ha vivido una intensa discusión de casi cuatro años y que establece, entre sus cambios, la gratuidad universal.

Este año, la política -que provisoriamente está integrada en la Ley de Presupuestos- beneficiará al 60% de los estudiantes más pobres, y la reforma plantea que la cobertura suba al 70% cuando los ingresos fiscales estructurales lleguen al 23,5% del PIB, al 80% cuando lleguen al 24,5% del PIB, al 90% cuando lleguen al 26,5% y a la universalidad cuando lleguen al 29,5%.

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Pero estos "gatillos" o amarres que guían el aumento generan dudas en Chile Vamos, donde ven vicios de constitucionalidad. La senadora Ena von Baer (UDI), quien es parte de la comisión de Educación del Senado, explicó que la universalidad "se logrará con suerte en 60 años más, y eso significa que el Gobierno se está gastando la plata de muchos gobiernos hacia adelante, lo que no es legítimo".

A su juicio, lo que debiera ocurrir es que "cuando se produzca un crecimiento económico, se envíe un proyecto de ley para ver si efectivamente el mayor ingreso se quiere gastar en gratuidad o si hay alguna otra necesidad en ese momento que sea más urgente o grave".

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Por ello, existen posibilidades de que los parlamentarios de Chile Vamos exijan la revisión del Tribunal Constitucional, institución que en abril tendría un nuevo miembro cercano a ese sector, luego de que el próximo Presidente Sebastián Piñera nomine al reemplazo del ministro Carlos Carmona.

Sin embargo, en el bloque también cuentan que el requerimiento podría quedar descartado, pues acordaron cambios sustantivos con el Gobierno en algunas materias, como en las facultades de la Superintendencia de Educación Superior, y se permitió que los parlamentarios cuestionaran la constitucionalidad de algunas materias a cambio de evitar que la derecha acuda al TC. De ahí que existan dudas sobre la decisión que tomen los parlamentarios.

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Problema futuro

De esta forma, el cuestionamiento gira en torno a los gastos que quedan amarrados para los próximos gobiernos. ¿Pero acaso esto no es lo mismo que lo que ocurre con las leyes de gastos permanentes? Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar, cree que no.

Según él, la diferencia está en que las leyes permanentes "determinan con claridad cuál es la fuente de los recursos que se usarán para financiar esa política, y se aprueban teniendo claridad sobre la disponibilidad de esos recursos. El problema acá es que no hay claridad de la fuente de los recursos ni de si estarán disponibles, lo que desde el punto de vista constitucional es discutible".

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Y el asesor de la UDI, Jorge Barrera, añadió que "no sabemos cuánto cuesta la gratuidad universal en régimen y no hay forma de que nadie pueda calcular cuándo se producirán estos gatillos" y que con estas condiciones "se altera materialmente la iniciativa del Presidente para gobernar, se está vulnerando a los próximos cinco o siete gobiernos".

"Cada vez que se cumple una circunstancia económica (gatillo), el Presidente debe ingresar un proyecto de ley. Si no, se genera una especie de impuesto de afectación sobre el crecimiento económico", agregó.