En la villa minera de Colquiri, parece que el mundo globalizado todavía tiene que hacer avances en el jadeante aire del altiplano andino de Bolivia. Estas áridas tierras ricas en zinc, plata y estaño financiaron al imperio español y luego alimentaron el nacimiento de la república boliviana.
Mineros nativos, el grupo más pobre en uno de los países más pobres de Sudamérica, ahora están convencidos de que llegó la hora de su recompensa. “Ahora estamos recuperando lo que es nuestro, lo que siempre debió ser nuestro”, dice Severino Estakani.
A fines de junio, el gobierno revocó la licencia minera de la mina de estaño y zinc Colquiri de Sinchi Wayra - una subsidiaria del operador de commodities Glencore- luego que grupos indígenas lucharan por quedarse con la mina.
Hoy, militares cuidan la entrada del valle y hay un cartel que dice “Colquiri Mining Company” con el logo de Comibol, la corporación minera estatal de Bolivia.
La nacionalización fue el primero de una serie de reveses para las mineras extranjeras operando en la nación andina. Evo Morales, el primer presidente indígena del país, llegó al poder hace seis años con la promesa de empoderar a la mayoría indígena ampliamente marginada que está cada vez presionando más al gobierno para que tome un papel más importante en la gestión de los recursos naturales.
El mes pasado, el gobierno se hizo cargo de la licencia de Malku Khota, un proyecto de extracción de plata otorgado en 2007 al grupo canadienseSouth American Silver. “En los últimos meses, funcionarios bolivianos habían hecho hincapié en que las nacionalizaciones se relacionaron previamente con activos de propiedad estatal y que las inversiones privadas estaban protegidas”, declaró Greg Johnson, director ejecutivo de la compañía a Financial Times el mes pasado.
En julio, la compañía india Jindal Steel Power se salió de Bolivia después de cancelar un contrato de US$ 2.100 por una mina de hierro.
Ejecutivos de la industria argumentan que el gobierno boliviano, que a veces intervino después de que la oposición local a la minería volviera a las protestas violentas, está poniendo en peligro las inversiones en el sector minero, con el riesgo de perderlas a manos de vecinos como Chile o Perú, donde el entorno regulatorio está mejor establecido y los recursos, mejor entendidos.
South American Silver está considerando acelerar el trabajo sobre su proyecto de oro y cobre en Chile. “Hay un gran mundo allá afuera para mirar donde invertir”, dijo Greg Johnson, director ejecutivo de la compañía. “Cuando los gobiernos toman medidas pueden tener un efecto a largo plazo sobre el gasto de exploración”, agrega.
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