Un remezón de alto calibre provocó ayer por la mañana en el ámbito económico nacional, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. A eso de las 10 de la mañana y secundado por el director de Presupuestos, Rodrigo Cerda, el jefe de las finanzas públicas dio cuenta de la detección de una serie de gastos comprometidos que no se encontrarían contabilizados en el Presupuesto, ni en el Tesoro Público.
De acuerdo con lo informado por Larraín, tras una revisión de los gastos proyectados (operacionales, programáticos y otros) entre 2018 y 2021, se calculó más de US$5.500 millones adicionales para los cuatro años, con proyecciones de casi US$1.400 millones en promedio por año (ver gráfico).
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"La situación fiscal es peor a lo esperado", dijo el ministro en este nuevo escenario expuesto, y comprometió para las próximas semanas el anuncio de una extensión de las medidas de austeridad, que se sumará a las ya anunciadas para las empresas y reparticiones públicas.
Asimismo, insistió en la necesidad de impulsar el crecimiento económico, recordando que un punto adicional en cuatro años entrega cerca de US$6.000 millones a la economía.
"No solo necesitamos profundizar las medidas de austeridad fiscal, también queremos ser claros en que necesitamos crecimiento económico para ordenar nuestras cuentas fiscales" aseguró el ministro.
Pese a este nuevo panorama fiscal, las autoridades económicas aseguraron que se mantendrá "el compromiso de converger hacia el balance estructural en un plazo de 6 a 8 años, y mantenemos también nuestro objetivo de estabilizar la evolución de la deuda pública como porcentaje del PIB".
Los gastos sorpresa
De acuerdo con un informe detallado del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos (Dipres), dentro de los gastos adicionales no contabilizados que se encontraron tras la revisión, destaca por lejos la mayor incidencia el sobregasto hospitalario por prestaciones no financiadas del Ministerio de Salud, la cual asciende a cerca de US$1.000 millones anuales, a lo que se suma el aumento de la duración y los costos de las licencias médicas en el sector público para el 2018, correspondiente a casi US$185 millones.
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En tanto, en el Ministerio del Trabajo se proyecta un mayor gasto por US$24 millones en los programas de contingencia contra el desempleo, mientras que también se detectaron aumentos de cobertura en bonos, pensiones y pilar solidario por US$45 millones; US$35 millones por deudas de municipios en materia de educación; y US$25 millones en déficit operacional de Integra.
Nuevo escenario
Ante las menores holguras, el escenario fiscal lejos de mejorar se deteriora más de lo esperado a ojos del gobierno, opinión que comparten los expertos quienes advierten la necesidad de medidas adicionales a un mayor crecimiento.
Al respecto, Tomás Flores, economista y profesor de la Universidad Mayor reconoce que si bien esta cifra "no me sorprende tanto, no me imaginé que fuese de una magnitud como esta". Según Flores, para que el gobierno consiga no ver afectadas sus objetivos respecto al déficit fiscal, este tendría que poner énfasis en "la necesidad de mayor crecimiento económico que permita efectivamente reducir paulatinamente el déficit, y subir el crecimiento de tendencia. Es imprescindible primero crecer más y que ello traiga consigo el crecimiento de la inversión".
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Por su parte, Jorge Hermann, director de Hermann&Asociados ve tres opciones para mantener la meta de convergencia fiscal: "Reasignar gastos relacionados a programas ejecutados por el gobierno saliente; que el sector minero se recupere vigorosamente y el PIB crezca por sobre el 4% promedio en el cuatrienio; y por último, realizar una nueva reforma tributaria que incentive la inversión".
