Lee Jae-yong, heredero y número uno del grupo Samsung, será juzgado por soborno dentro del caso "Rasputina", según anunció hoy la fiscalía, lo que coincide con la decisión del mayor conglomerado empresarial surcoreano de remodelar su cúpula.

Los investigadores revelaron hoy su decisión de presentar cargos formales contra el líder de tercera generación de Samsung, en un paso más de la operación legal contra la amplia trama de corrupción que sacude al país desde octubre y que también causó la caída de la presidenta Park Geun-hye.

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Lee permanece detenido desde el pasado 17 de febrero, y será juzgado junto a otros cuatro altos ejecutivos de la compañía en una fecha aún por determinar, por los cargos de soborno y otros delitos como malversación y ocultación de activos en el extranjero.

El directivo está acusado de haber autorizado el apoyo financiero de Samsung a Choi Soon-sil -amiga íntima de la presidenta Park Geun-hye y apodada la "Rasputina" por su cercanía a la mandataria-, a cambio del visto bueno del Gobierno en un acuerdo de fusión de dos de sus filiales.

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Lee y otros responsables de Samsung han admitido haber abonado unos 43.000 millones de wones (36 millones de euros/ 38 millones de dólares) a entidades supuestamente controladas por Choi, pero niegan cualquier irregularidad y que recibieran trato de favor por ello.

Poco después de conocerse la decisión de la fiscalía, el conglomerado Samsung anunció el desmantelamiento de su llamada oficina estratégica de futuro, su "torre de control" donde se tomaban decisiones como las inversiones en nuevos sectores o los planes de negocios a largo plazo.

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Samsung aspira a limpiar su imagen al despojarse de este órgano directamente conectado con la trama de la "Rasputina", aunque al mismo tiempo se verá obligada a descentralizar sus operaciones y a remodelar las juntas cada una de sus ramas.

La decisión pareció tener buena acogida entre los inversores de la Bolsa de Seúl, donde Samsung Electronics, empresa de mayor peso del conglomerado y primer fabricante mundial de teléfonos inteligentes, avanzó un 1%.

El propio Lee, quien tenía la última palabra en las decisiones estratégicas de la empresa, aunque no presidía oficialmente este órgano, manifestó su intención de suprimirla durante una comparecencia ante el Parlamento surcoreano.

El acusado es nieto del fundador de Samsung, Lee Byung-chul, y asumió las riendas del conglomerado, aunque no de manera oficial, el pasado octubre después de que su padre, Lee Kun-hee, sufriera un infarto en mayo de 2014 que lo mantiene hospitalizado y sin habla.

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Además de generar un vacío temporal de poder en el grupo Samsung, que representa un quinto de la economía nacional, el escándalo ha reavivado el recelo en la sociedad surcoreana sobre los "chaebol" (grandes conglomerados empresariales), debido al carácter hereditario de sus altos cargos y sus vínculos con el poder.

El portavoz del equipo de investigadores, Lee Kyu-chul, dejó hoy abierta la posibilidad de inculpar a altos responsables de otros "chaebol" que también están bajo investigación dentro de la trama de corrupción, en declaraciones a los medios.

Hasta 53 compañías -entre ellas otros gigantes del país como SK hynix, Lotte, LG o Hyunday- están bajo investigación de las autoridades por su supuesto papel dentro de la trama de la "Rasputina", a la que habrían contribuido con 77.400 millones de wones (63 millones de euros/ 67 millones de dólares).

Dentro de esta parte de la instrucción, la amiga íntima de Park afrontará también los cargos de soborno, mientras que la presidenta ha vuelto a ser señalada como sospechosa del mismo delito, aunque el cargo público que por ahora ocupa impide que sea acusada formalmente.

Choi -la "Rasputina"- permanece detenida desde octubre al considerarse que, con la connivencia de Park, confabuló para crear una red de corrupción en la que están aparentemente involucrados la presidenta, miembros de su Gobierno y los principales conglomerados empresariales del país.

El Parlamento surcoreano aprobó en diciembre pasado destituir a Park, aunque la decisión final está ahora en manos del Tribunal Constitucional, que tiene hasta junio para decidir si respalda el proceso.