Durante el mandato de Michelle Bachelet se aprobaron y promulgaron 9 leyes que fijaban planes de retiro voluntario para unos 150 mil funcionarios públicos por un total de US$3.200 millones que deberían ser desembolsados entre los años 2016 y 2024.

De acuerdo al cronograma al gobierno de Sebastián Piñera le corresponderá asignar para este fin el mayor volumen ya que entre 2018 y 2021 los recursos estimados serían de US$1.487 millones -lo equivalente a los $892.000 millones con un dólar a $600- para permitir el retiro de más de 65 mil funcionarios durante todo el período. Estos recursos fueron informados en cada proyecto por los respectivos informes financieros durante su discusión en el Congreso.

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Sólo en 2018 esta administración deberá desembolsar US$384 millones, los que ascenderían a US$389 millones si se aprobara un décimo proyecto que buscar implementar un incentivo similar a los funcionarios del Congreso.

Cabe consignar que sólo la cifra de 2018 por US$384 millones, es similar a lo asignado en la Ley de Presupuestos de este año al subsidio de transporte público del Transantiago; o al costo de las becas de educación superior; o similar al financiamiento de los servicios de salud de atención primaria del Norte- desde Arica hasta Valparaíso y San Antonio-.

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El monto más alto para este año corresponde a los US$111 millones destinados al retiro de los funcionarios de los servicios públicos.

De acuerdo a los informes financieros los funcionarios que se beneficiarán con el incentivo durante el primer año de gobierno de Piñera alcanzarían los 16.383, por lo que en promedio cada trabajador recibiría en torno a los $14 millones de pesos.

En relación a los beneficiarios, la mayoría se materializaría en 2019, cuando más de 17 mil empleados puedan optar al retiro voluntario y las bonificaciones adicionales.

En ese mismo año, también se alcanzará el valor más alto desde la implementación de los planes por US$392 millones. En los últimos dos años del mandato de Sebastián Piñera las cifras comenzarán a disminuir un poco, tanto en beneficiarios como en el desembolso.

En tanto para los siguientes tres y últimos años de beneficio, que le corresponderá a otra administración, los costos llegaran a US$972 millones.

Detalle

Los planes vigentes hasta ahora apuntan al retiro de: profesionales de los servicios de salud; funcionarios del Poder Judicial; personal asistente de educación; personal de atención primaria de salud municipal; trabajadores de servicios públicos; funcionarios del sector salud; personal académico, directivo y profesional no académico de universidad estatales; y personal no académico ni profesional de U. Estatales.

Según costos, la lista está encabezada por el proyecto que busca otorgar incentivos de retiro a los funcionarios del sector salud, que entre 2016 a 2024 entregarían US$883 millones en bonificaciones de retiro. También engloba al mayor número de beneficiados (67.118), representativo del 45% del total del personal.

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En segundo plano se encuentra la ley para los funcionarios del servicio público, que en los 9 años totalizará US$605 millones, permitiendo que más de 19 mil trabajadores obtengan el incentivo. Concluye el podio, el proyecto para 17.700 profesionales de la educación, con una cifra en torno a los US$524 millones en 8 años .

Con respecto al plan que aún espera su aprobación, el 24 de enero pasó a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en su primer trámite, y permite entregar un incentivo a los funcionarios de la biblioteca del Congreso, del Senado y la Cámara de Diputados, en tres años, entre 2018 y 2020 por un total de US$9 millones. Si se aprobara tal como fue propuesto durante este año correspondería desembolsar el monto más alto equivalente a US$4,7 millones.

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