“La noche del 03 de enero de 2013 un grupo indeterminado de personas se concertaron, entre los cuales se encontraba Celestino Cerafín Córdova Tránsito, quienes en la madrugada, alrededor de las 01.15 horas del día 04 de enero, irrumpieron en la casa habitación ubicada en el  Fundo La Granja Lumahue, en la localidad de General López, comuna de Vilcún, habitado por el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger Lemp y Vivian Mackay González, quien en ese momento se encontraban en el interior”.

Así comienza la demanda de indemnización de perjuicios que a fines de diciembre interpusieron los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay en contra del Fisco por falta de servicio, tras el asesinato de sus padres, luego que un grupo de comuneros incendiara su hogar hace dos años. “Se interpone demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por el atentado cometido a los padres de mis representados, causando la muerte de estos, en el contexto del conflicto indígena que se suscita en esta región hace más de diez años”, se lee en el documento de más de 30 páginas ingresado al 2° Juzgado Civil de Temuco, y patrocinado por el abogado Fabrizio Sobino. Y añade: “Esta demanda se sustenta en la falta de servicio de los órganos de la administración del Estado, cuando éstos no han funcionado, existiendo el deber de actuar”.

Dado lo anterior, los hijos del matrimonio -Jorge, Karim, Jaime y Mark Luchsinger Mackay- exigen a la justicia una indemnización por daño moral ascendente a la suma total de $2.600 millones por la muerte de sus padres. En efecto los demandantes piden el pago a modo de reparación de $650 millones a cada uno de los cuatro hermanos, con intereses, reajustes y costas.

Los hijos sostienen que el daño alegado proviene directamente de la creación de un riesgo grave y permanente generado por el Estado, por la existencia de un territorio donde no se garantizó y no se garantiza el orden institucional de la República, donde la acción de sus órganos fueron y han sido incapaces de mantener la seguridad de los ciudadanos ni la integridad de la propiedad privada. “Los órganos del Estado no han sometido su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ellas”. Y subrayan que: “Los atentados desarrollados en la Región por parte de comuneros mapuches en el orden de restitución de sus tierras y la forma cómo ha enfrentado el Estado el conflicto, las decisiones tomadas por las autoridades, las cuales han sido equivocadas (...), sólo han llevado a que el pueblo mapuche tome la justicia por sus manos, afectando la propiedad, integridad física y síquica de los particulares”.

Para los demandantes, los hechos acreditan la Responsabilidad del Estado por falta de servicio, y por ende nace su obligación de indemnizar en virtud de lo preceptuado por el artículo 4 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

La demanda sostiene que 4.000 hectáreas han sido abandonadas por los atentados y hechos de violencia en la comuna de Ercilla, en la Araucanía.

Además, entre 2008 y 2013 han existido más de 800 atentados, contando únicamente los denunciados, con pérdidas materiales.

A lo anterior subrayan que la propia familia Luchsinger ha sido objeto de múltiples ataques durante los últimos diez años, los que se han traducido en incendios, amenazas y lesiones. “Todo dentro del marco de lo que denominamos conflicto indígena. Sin embargo, en casos muy excepcionales se lograron establecer responsabilidades penales”, señala la demanda. Asegura que las amenazas se incrementaron desde 2008, tras la muerte del comunero mapuche  Matías Catrileo, como consecuencia del disparo de un carabinero, en un fundo de Jorge Luchsinger Villigier, primo de Werner Luchsinger.

“Los padres de mis representados, dueños pacíficos de un fundo ubicado en General López, comuna de Vilcún,  a raíz del conflicto indígena, por la supuesta usurpación de tierras ancestrales, lo cual no es efectivo, se vieron constantemente amenazados por estos grupos radicales, estuvieron siempre expuestos a un riesgo y a peligros, de situaciones que eran totalmente ajenas a su voluntad y conducta, puesto que nunca desplegaron alguna conducta para motivar los ataques sufridos y sobre todo, el último que acabo con sus vidas”, destaca el documento. “Mis representados vivían con la angustia y el dolor de que el Estado de derecho en donde viven era ineficiente en el control de los ataques”, refuerza el escrito.

A raíz de todo lo anterior, los hijos del matrimonio aseguran que se les debe indemnizar dado el daño moral sufrido por sus padres durante todo ese tiempo. La demanda sostiene que al ser los hijos, la doctrina sí les permite reclamar indemnización de perjuicios por hechos de un tercero. “Mis representados como hijos del matrimonio Luchsinger-Mackay son los legitimados por ley para interponer la presente acción (...) en contra de Fisco de Chile por falta de servicios”, señala. Agrega que: “El descontento del pueblo mapuche continúa, sus actos de violencia transgreden los derechos humanos de los individuos y el Estado no ha reaccionado ante los hechos acaecidos”.

Dado que el plazo de prescripción está pronto a cumplirse -se lee en el escrito- el abogado solicitó al tribunal que la proveyera de forma inmediata. Y así fue. La demanda fue acogida a tramitación el segundo día de ingresada.