A pesar de valorar las iniciativas que se han tomado en el actual gobierno por mejorar el Estado, el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval, advierte que "aún estamos lejos de pensar en que estas políticas han tenido un impacto global en la productividad y eficiencia del sector público".

De esta forma, señala que urge realizar una modernización del sistema público para lo que se debe dar una fuerte señal de convicción política y no quedarse sólo en la retórica.

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¿Cuál es la evaluación que hace del Estado que recibirá el nuevo Gobierno?

-El impulso modernizador del Estado está bastante estancado. Durante el actual gobierno de Bachelet a través del Programa de Modernización del Estado, se han desarrollado proyectos de mejora en seis servicios públicos. Si bien no todas las intervenciones han sido igualmente exitosas, existe ahí, un germen bien positivo. Todas estas iniciativas son valiosas y prometedoras, pero aún estamos lejos de pensar en que estas han tenido un impacto global en la productividad y eficiencia del sector público.

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De acuerdo a las última cifras el tamaño del Estado llegó a 25% del PIB, ¿cómo se debería administrar para hacerlo más eficiente?

-El problema del Estado, no es su tamaño sino la creciente percepción de su inefectividad e incompetencia. Aunque aparezca obvio, se requiere una buena cuota de voluntad política, creo que los consensos son relativamente amplios. ¿A qué me refiero? No es creíble seguir pagando bonos asociados al Programa de Mejoramiento de la Gestión a la totalidad de los servicios públicos por su buen desempeño. Por lo tanto, no hay una varita mágica para hacer más eficiente al Estado. Probablemente, una buena combinación entre incentivos y control de gestión, pero sabiendo los límites de cada uno.

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Uno de los puntos que planteó Piñera es recortar "grasa" del Estado, ¿lo ve posible?

-Ciertamente hay "grasa" en el Estado; recursos que se invierten mal o programas poco eficientes. Entre los años 2010 y 2016, la Dipres evaluó el desempeño de 105 programas públicos, donde un 72% tuvo un desempeño insuficiente. ¿Qué ha pasado con ellos?, bastante poco, quizás nada, e incluso algunos de ellos han tenido aumentos presupuestarios. Todos los años se crean decenas de programas nuevos, que pueden responder a demandas insatisfechas, pero ¿quién cierra programas que llevan más de 50 años y su justificación original perdió totalmente de sentido? El "recortar grasa" puede que no signifique necesariamente reducir el gasto público, pero si obligadamente revisar y hacer más eficiente la asignación del mismo.

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¿Debería haber un nuevo perfeccionamiento al Sistema de Alta Dirección Pública?

-El Gobierno de Bachelet logró concretar una importante reforma al sistema de Alta Dirección Pública, al eliminar el sistema de reemplazo de los altos directivos públicos por personas "Provisionales y Transitorios", pero claramente quedan muchas cosas por hacer en este ámbito; como mejorar los convenios de desempeño y mecanismos de incentivo, dotar de una mayor capacidad gerencial a las subsecretarías para administrar los servicios públicos que dependen de cada ministerio. También se requiere dotar de un nuevo gobierno corporativo al Servicio Civil se requiere.

¿Cuáles son los primeros pasos que debería comenzar la nueva administración en este sentido?

-Se requiere dar una fuerte señal de convicción política que la modernización del Estado no es un asunto retórico, sino una real prioridad frente a una multiplicidad de requerimientos que surgirán en todo momento. Tiene que haber una importante cuota de coordinación de esta estrategia, que la deben liderar Hacienda, Secretaria General de la Presidencia. Esto último es crítico, pues la modernización del Estado es transversal, por lo que se requieren liderazgos más allá de los sectores o ministerios puntuales.

¿Considera que es necesario achicar el Estado para hacerlo más eficiente?

-Aquí el problema no es el tamaño del Estado, considerado como la proporción del gasto público en relación al PIB. Más aún, tal como se ha planteado a partir de la llamada "Ley de Wagner" es bien posible que nuestro mayor nivel de desarrollo económico nos lleve a mayores presiones de gasto público con bienes y servicios públicos más sofisticados.

Sin embargo, y parafraseando a Fukuyama, nuestro problema es que el Estado chileno cada vez se expande más en alcance en términos de la diversidad de funciones que pretende absorber, pero tiene poca capacidad o profundidad en los ámbitos que se requiere efectivamente su presencia.