La Universidad Católica acudió a la justicia para que esta se pronuncie en una materia sensible para esa institución: el aporte fiscal indirecto (AFI), es decir, el premio en financiamiento a las universidades que captan los mejores puntajes de ingreso. Según el rector Ignacio Sánchez, la decisión del Gobierno de no aplicar el AFI para 2017 es ilegal, porque esta materia está regulada en una ley permanente y, por tanto, no depende de las variaciones del Presupuesto anual. La resolución del Mineduc y del Ministerio de Hacienda tiene un innegable componente ideológico: redistribuir el financiamiento aplanando las diferencias entre planteles, buscando un igualitarismo que nivela hacia abajo y castigando a las universidades más selectivas, porque estas serían inequitativas. Los expertos tienden a compartir la posición de la UC, que es secundada por otras universidades, pues si el Ejecutivo quiere otro mecanismo de financiamiento, debe esperar aprobar su legislación permanente. Eliminar el AFI de facto no corresponde y es una nueva señal de lo problemática que es la reforma a la educación superior que impulsa la Nueva Mayoría. Claramente todo esto es muestra, una vez más, de la improvisación a la hora de gobernar y, de paso, se mantiene una discriminación entre las casas de estudios superiores que es necesario corregir.
