El plan de Europa para establecer un expansivo impuesto a las transacciones financieras se ha topado con un muro legal después de que el principal asesor de los ministros de Finanzas en la materia en Europa concluyera que excede la jurisdicción nacional, "infringe" los tratados de la UE y "discrimina" a los Estados no participantes.
Un documento confidencial del Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea, al cual tuvo acceso Financial Times, considera que una de las cláusulas fundamentales de la propuesta de la Comisión Europea va más allá de la ley. Esto representa un revés para la propuesta de introducir un impuesto de 35 mil millones con alcance global.
Aunque las conclusiones no son vinculantes, la fortaleza de las objeciones legales probablemente acelerará las movidas para echar pie atrás en el diseño de cualquier impuesto común. Una nueva versión podría parecerse más a un impuesto de estampillas, que grava los valores basados en el lugar donde son emitidos. Funcionarios británicos dijeron que el documento reivindicaba su decisión de montar un desafío legal por separado.
Once estados de la eurozona - entre ellos Francia, Alemania, España e Italia - quieren acordar un impuesto común, pero las negociaciones se han estancado en cuanto a la forma en que debería aplicarse y a la extensión que tendría.
El documento del Servicio Jurídico del Consejo cuestiona una de las partes fundamentales del llamado "principio de residencia", por el que se les cobra impuestos a las instituciones de acuerdo al lugar donde tienen su sede central, en vez del lugar donde se realiza el intercambio comercial.
El informe concluyó que el lugar de establecimiento de un grupo "supera la jurisdicción de los Estados miembros en materia de tributación, de acuerdo a las normas del derecho internacional consuetudinario".
Agregó que la medida no es compatible con los tratados de la UE, ya que atenta contra las competencias fiscales de los Estados miembros no participantes de la UE". Por último, consideró que la disposición era "discriminatoria" y que puede llevar a una distorsión de la competencia en detrimento de los Estados no participantes de la Comisión Europea.
La opinión legal va a ser un impulso para Inglaterra, que ha argumentado que el impuesto propuesto es ilegal pues sobrepasa la jurisdicción de los países involucrados. Gran Bretaña impuso una demanda legal contra el impuesto, aunque las razones de esta acusación en esta etapa se relacionan con el procedimiento de los países de la eurozona que concuerdan con avanzar con su propio impuesto.
La opinión es un gran golpe para la comisión, que ha insistido en que el amplio alcance del impuesto es legal. Un funcionario de la UE que participa en la elaboración del proyecto dijo que la comisión mantuvo su evaluación jurídica y estuvo en desacuerdo con los argumentos del Servicio Jurídico del Consejo. "El impuesto es jurídicamente correcto y cumple con los tratados", escribió Algirdas Semeta, comisario fiscal de la UE, en Twitter.
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