Para nadie es un misterio que los países con alta inversión en I+D aumentan su productividad y competitividad, generando condiciones que les aseguran un desarrollo sostenible en el tiempo. Muchos países (la mayoría de los OCDE) utilizan incentivos tributarios para estimular la inversión de los privados en I+D. Incluso más, muchos de ellos consideran estos instrumentos como condición fundamental para impulsar el crecimiento de sus economías, adoptando políticas robustas respecto del monto y naturaleza de los incentivos que otorgan.
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Estudios recientes realizados en Reino Unido y Estados Unidos entregan evidencia de que los incentivos tributarios en I+D generan para la economía de los países un retorno económico muy significativo.
Pero no es sólo el beneficio económico el que debe considerarse, sino que también el beneficio social, que se manifiesta en incremento de la capacitación de la fuerza de trabajo, creación de empleos de calidad (factor clave en tiempos en que la automatización incidirá inevitablemente en la reducción de puestos de trabajos de baja capacitación), crecimiento de la propiedad intelectual, y expansión del conocimiento dentro de la sociedad.
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Ante este panorama sólo queda preguntarnos qué es lo que Chile está haciendo en esta dirección. Avances ha habido: en los últimos años los beneficios tributarios para la inversión en I+D se han incrementado de manera importante, pero aún queda bastante por hacer. Esperemos que los cambios anunciados por el nuevo Gobierno al sistema tributario incluyan instrumentos que estimulen de manera transversal la inversión en I+D, de manera que incida en la conducta no sólo de la pequeña y mediana empresa, sino que también de la gran empresa. Elevar nuestro gasto en I+D es imperativo para que Chile de una vez por todas dé el salto que necesita para alcanzar el desarrollo.
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El autor es socio líder Tax & Legal Deloitte.
