Como un efecto de las denuncias de financiamiento irregular de la política, el Gobierno encargó un informe a la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la situación de la pesca. Lo hizo en un contexto en el cual una franja de la Nueva Mayoría presionaba por anular la Ley de Pesca, con un impacto impredecible en la estabilidad del sector.

En este sentido, el documento del organismo internacional admite que el actual marco legal -legislado durante la administración del Presidente Sebastián Piñera- es un buen estatuto, sin perjuicio de que puede haber mejoras, pero sin demoler las bases de la legislación.

“La ley contiene algunos elementos muy modernos, pero también contiene brechas que son importantes de enfrentar”, señaló la representante de la FAO en Chile, cuando entregó el documento al Gobierno esta semana.

Desde luego hay aspectos del texto de la entidad de Naciones Unidas que pueden ser objeto de controversia, como la imprecisa aceptabilidad política y ciertos privilegios a minorías étnicas, pero lo relevante es que el organismo reconoce que la Ley de Pesca funciona y tiene legitimidad. Es de esperar que todos los que la criticaban acepten estas conclusiones imparciales.