El Gobierno acaba de anunciar un proyecto que elevará los beneficios para las empresas que presenten proyectos de infraestructura. Esta, sin duda, es una medida que va en la dirección correcta, ya que es una decisión que diferentes países alrededor del mundo han adoptado para desarrollar sus economías y han tenido éxito.

Una mayor inversión pública a corto plazo aumenta la productividad de las economías y a largo plazo, la capacidad productiva de los países. En efecto, un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que en economías avanzadas un aumento de la inversión pública de un punto porcentual del PIB eleva la producción en alrededor de 0,4% en el mismo año y 1,5% al cabo de cuatro años. Por lo tanto, la inversión en infraestructura es una herramienta fundamental para fomentar el crecimiento económico. De esta forma, podría ser una opción con efectos muy positivos en momentos en que nuestro país enfrenta un período de desaceleración.

Sin embargo, para que tenga los efectos deseados, se debe poner foco en la eficiencia del proceso de gasto público. Para ello, según explica el FMI, entre los aspectos a considerar se encuentra identificar bien los “cuellos de botella”, perfeccionar la evaluación, selección y ejecución de los proyectos, efectuar análisis rigurosos de costo-beneficio y de riesgos asociados, entre otros aspectos.

La inversión en infraestructura es un elemento fundamental del gasto público, ya que mejora la competitividad de las regiones; reduce costos y facilita el acceso de productores y consumidores a los mercados. Es difícil imaginar un proceso productivo que no se base en la infraestructura.

En este sentido, toda medida a favor de la inversión en infraestructura es positiva. Más aún cuando se trata de que el Estado trabaje de la mano con el mundo privado para fomentar el crecimiento del país.

*El autor es líder de gobierno y sector público de EY (ex Ernst & Young).