En un reciente seminario de Valor Minero, el ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz planteó un llamativo análisis acerca del rol de los privados y el Estado en materia de inversión. Resaltó que lo adecuado sería que funcionara la institucionalidad para que los proyectos no se judicializaran, lo que para un país como Chile no debería ser motivo de mayor discusión. Esto, en un contexto en el que la paralización de los proyectos de inversión privados por la vía judicial se ha agudizado.
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También delineó en su discurso que al Estado corresponde un rol fundamental en estimular la inversión si los privados no lo hacen; a su juicio, el Estado tiene un rol de orientación. El magistrado enfatizó que una mayor participación estatal en el campo de los proyectos de inversión "es algo que se debe demandar también de nuestras autoridades. En el caso de que no esté cumpliéndose con el desarrollo en la forma esperada, el Estado también debe mirar qué es lo que puede hacer por el país".
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Sin entrar en el fondo de los planteamientos del magistrado, resulta paradójico que inste a respetar la institucionalidad, cuando con sus declaraciones está precisamente atentando contra una de las reglas del Estado de Derecho, como es la de respetar la separación de los poderes del Estado. No es prudente que un miembro del Poder Judicial opine sobre el rol del Poder Ejecutivo en cualquier materia, y que con su pensamiento marque una posición determinada. Así como tampoco lo es que personeros de un gobierno comenten los fallos de la justicia.
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Los miembros de este tipo de instituciones deben ser más conscientes de que deben ser cuidadosos con sus comentarios.
