Los primeros que tuvieron la opción de comenzar a ver las cifras de Masvida y la isapre por dentro fueron los ejecutivos de Southern Cross, pero no serán los únicos. Es que el interventor de la aseguradora, Robert Rivas, decidió que esa será la política con todos quienes estén realmente interesados en presentar una oferta.
La decisión fue ampliada al holding de salud y, por tanto, quienes así lo deseen podrán hacerse presente en las distintas clínicas de Empresas Masvida, según acordó un grupo de presidentes de sociedades del grupo y Rivas, quienes se reunieron ayer en Concepción.
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La idea, destacan, es que además no sólo el interventor tenga conocimiento de quiénes quieren hacer ofertas y las propuestas que pondrán sobre la mesa. "Le pedimos al interventor que todas las propuestas sean exhibidas a los accionistas", destaca Aliro Bolados, presidente de una de las sociedades y que estuvo presente en la cita.
Mientras en Concepción el interventor continúa tomando conocimiento de la situación real de Masvida, en Valparaíso la comisión de Salud de la Cámara de Diputados volvió a centrarse en la isapre.
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En la instancia, el abogado Remberto Valdés, representante de cerca de 200 médicos accionistas de Empresas Masvida, solicitó la incorporación del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la arista penal que pesa sobre Masvida y que lleva el fiscal de alta complejidad oriente, Carlos Gajardo.
La solicitud se enmarca en la presunta existencia de boletas ideológicamente falsas por parte de directores del holding, a través de sociedades relacionadas a ellos y que habrían sido emitidas con cargo a Masvida.
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Con esto, el abogado busca asimilar la situación de Masvida con la del caso Penta, con la participación del CDE.
De hecho, en su exposición ante los parlamentarios, Valdés explicó cómo operaba el pago de comisiones por parte de Masvida a los diferentes directores. En esta línea, también destacó la "imperiosa necesidad" de que el Servicio de Impuestos Internos se haga parte de estas investigaciones.
"Sólo el 35% del total de gastos rechazados por un total que no sabemos suma $2.112 millones que se pagaron por el holding, sin que hasta la fecha se tuviera conocimiento por los accionistas, pagándole bonos a sus ejecutivos a través del sistema de pagarle a sociedades de sus familiares (...) nuestro reclamo es a la falta de celeridad (del SII)", puntualizó Valdés.
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Asimismo, el abogado explicó a los parlamentarios las deudas que tienen las clínicas con la isapre, al tiempo que destacó la solicitud del regulador de que la isapre sincere sus cifras, estimando que el ítem que consideraban como deudas de corto plazo -producto de los préstamos a la red de clínicas- no serían pagados en ese período por los deudores.
Enrique Paris, presidente del Colegio médico, también participó de la comisión, quien dijo que era urgente que se mejorara la legislación en salud pública, además de una nueva ley de isapres, "si no tuviéramos preexistencias, no estaríamos en esta situación", puntualizó.
Quien también estaba citada a la comisión era la ministra de Salud, Carmen Castillo, sin embargo se excuso y fue citada para el próximo lunes. Para ese mismo día, fue convocado el interventor.
