La Corte Suprema falló en contra de la construcción del mall Barón que pretendía construirse en Valparaíso. Este venía sumando detractores desde organizaciones sociales y de técnicos a partir de que fuera concebido, aunque las autoridades municipales y del gobierno regional lo apoyaron debido a su impacto reactivador en dicha ciudad.
La elección del alcalde Jorge Sharp agudizó el rechazo, al cambiar la posición del municipio, aunque no se podría sostener que ello influyera en la sentencia -dividida- de la Corte Suprema. Con todo, es sorprendente que desde el punto de vista urbano sólo al final del proceso, y tras cinco años de incertidumbre para los gestores de la iniciativa, se haya definido la viabilidad del proyecto a partir de una constatación vial que podría haberse evaluado, por ambas partes, al inicio del proceso. Lo ocurrido revela que faltó acuciosidad en la parte técnica y ello demanda mayor rigor de los municipios.
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El fallo de la Corte Suprema no es el problema, sino que luego de haber obtenido el permiso otorgado por la municipalidad, el grado de incertidumbre para la iniciativa privada sea tan elevado. Más aún si el cambio de alcalde pueda dar pie para liderar una oposición al proyecto desde el propio municipio.
Todo lo anterior demuestra que el sistema de evaluación de proyectos en el país requiere ser modificado urgentemente. Debe ser confiable, más transparente, más técnico y menos dependiente del gobierno de turno. Es la única forma en que se puede terminar con un problema que se repite a lo largo del país: proyectos que cuentan con los permisos vigentes, no se pueden llevar a cabo por aspectos ajenos a los propios de la inversión. Cualquier proyecto que obtuvo todos los permisos de manera correcta, debería poder realizar la inversión y materializarse.
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