En mayo de 2013, el operador Alberto Youssef compró a través de terceras partes un auto de lujo para su amigo y un supuesto cómplice, Paulo Roberto Costa, ex ejecutivo de la estatal Petrobras. Pero mientras negociaba la compra de su Range Rover Evoque por 250 mil reales (US$110 mil) en Sao Paulo, escribieron sus nombres en un documento aparentemente inocente. Fue la única ocasión en que aparecen sus nombres juntos de manera voluntaria en las montañas de documentos de la investigación policial vistos por Financial Times. La policía allanó la casa de Costa, confiscando el Evoque y más de medio millón de dólares de efectivo. Fiscales dicen que la extensión del caso de corrupción que afecta a Petrobras, incluyendo sobornos y donaciones políticas, representa 1.000 millones de reales en contratos inflados. En el proceso, la policía abrió una ventana para la elección presidencial de octubre, que al principio parecía ganada por la presidenta Dilma Rousseff. Como la ex presidenta de Petrobras, las acusaciones amenazan la reputación de Rousseff como una tecnócrata capaz. Los fiscales reclaman que la empresa fue usada para extensas donaciones políticas.

Los brasileños están horrorizados por las acusaciones de que criminales infiltraron Petrobras, la mayor empresa del país, un ícono nacional y líder global en exploración petrolera. La empresa reportó ganancias el año pasado de 23.600 millones de reales, con una producción de 2,54 millones de barriles de petróleo equivalente al día. Petrobras es vista como algo tan importante que tanto la Cámara baja como el Senado han lanzado investigaciones.

Más allá de la política partidista, sin embargo, la controversia ha subrayado lo que los analistas dicen es un error peligroso en las instituciones nacionales brasileñas: la facilidad con la cual los políticos son capaces de usar compañías estatales como fuente de financiamiento ilegal de campañas políticas. “La verdad es que la mayoría de los partidos tratan de usar empresas estatales para su beneficio”, dice Sergio Lazzarini, profesor de la escuela de negocios Insper, en Sao Paulo.

Aun que está abierta a bolsa, Petrobras siempre ha estado politizada. Pero los ejecutivos petroleros dicen que el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva y sus aliados profundizaron la práctica, asignando un gran número de altos cargos senior a nombramientos políticos, desde el ex director ejecutivo, José Sergio Gabrielli, miembro del Partido de los Trabajadores (PT) a Costa, considerado como un representante del partido Progresista, pro gobierno. “El PT vio... que Petrobras podría ser un gran instrumento para retener poder”, dice Adriano Pires, fundador del Centro de Infraestructura Brasileño, una compañía de investigación.

El PT_rechaza esos argumentos, diciendo que es oposición política en periodo electoral que irresponsable mente mancha la reputación de Petrobras. El abogado de Costa dijo que mientras podría haber tenido el apoyo político, era un ingeniero que había hecho carrera en Petrobras gracias a sus méritos.

Este también desde alrededor de 2006 que Petrobras se embarcó en una serie de transacciones que ahora son objeto de investigación por corrupción. Estas incluyen las acusaciones de que sobre pagó por una refinería en Pasadena en EEUU, pagando una suma 28 veces más grandes de lo que el propietario original, la compañía belga Astra, pagó por ella. El Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU, su sigla en portugués) ordenó al ex directorio de Petrobras devolver US$792,3 millones a la empresa que calculó como las pérdidas de la transacción de US$1,18 mil millones de Pasadena.

Pero por lejos, la mayor preocupación es la refinería de Abreu e Lima. Según los fiscales, la investigación Lavo Jato empezó como una investigación por presunto lavado de dinero el fallecido José Mohamed Janene, un político del PP. En el proceso la policía descubrió transacciones fraudulentas realizadas entre 2009 y 2013 supuestamente hechas por Youssef y Costa.

La policía sospecha que Youssef es el “mayor cambista en la historia nacional”, de acuerdo con un expediente de la investigación, usando el término en portugués para los traficantes de dinero en el mercado negro. Youssef fue condenado por crímenes financieros en 2004.

Costa fue nombrado director de suministro de combustible en 2004 y se transformó en ejecutivo responsable por las refinerías en 2008. Los documentos de la fiscalía alegan que Youseff, Costa y otros conspiradores eclosionaron esquemas de la compañía para sacar dinero de Petrobras y luego lavarlo al mandarlo al extranjero.

“Tenemos información de que Paulo Roberto transfirió más de US$400 millones al extranjero a través de contratos de divisas”, dice el fiscal Carlos Fernando Santos Lima.

Los fiscales alegan que tienen evidencia incautada que indican que Costa negoció con los contratistas de Petrobras para hacer donaciones políticas. Ellos señalan un documento en el que Costa escribió los nombres de seis grandes contratistas que, en total, donaron 35,3 millones de reales a partidos en la coalición gobernante durante la selecciones de 2010. Así, la fiscalía alega que el documento podría ser “tratado como una hoja de cálculo para posibles donaciones de campaña, en donde Costa actuó como intermediario para estas contribuciones con compañías que tenían contratos con Petrobras”.

Los abogados de Costa dicen que las acusaciones son presunciones infundadas. Los abogados también dijeron que Youssef niega las acusaciones.

Los miembros del PT_también dijeron que es muy temprano para sacar conclusiones acerca de las donaciones políticas. También dijeron que el problema de Petrobras es su independencia comercial y la capacidad que tiene para dar contratos sin las licitaciones abiertas que se requerirían en un ministerio público.

El congresista Marco Maia dijo que los legisladores revisarán los procesos de adquisición de Petrobras para hacerlos más responsables.

Los analistas dudan de cuánto del escándalo afectará a la campaña de Dilma Roussefff. “Petrobras seguirá siendo una fuente de noticias negativas durante la elección, pero el factor de riesgo clave para ella es la economía que se está debilitando”, dice João Augusto de Castro Neves, de la consultora Eurasia Group.

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