Un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago fue lo que interpuso este martes Itaú en contra de la Superintendencia de Bancos (SBIF). Esto, luego de que el regulador notificara a la entidad el pasado 23 de octubre de la formulación de nuevos cargos por los créditos otorgados a las sociedades Cascada a fines de 2015, hecho que significó que la SBIF multara a la entidad financiera con US$30 millones, sanción que finalmente fue dejada sin efecto en mayo de este año por la Corte Suprema.
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Fuentes ligadas a la defensa de Itaú -entidad en la que participa la familia Saieh, controladores de Copesa, que edita PULSO- advierten que el recurso de protección busca evitar que el banco sea juzgado por una comisión especial y también que se respete su derecho a la igualdad ante la ley. Esto, porque la SBIF pretende sancionar por las mismas operaciones e imponer nuevamente las mismas multas que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema dejaron sin efecto. Además, argumentan que la Superintendencia ya anunció que el nuevo procedimiento concluirá de todas maneras con la imposición de las multas.
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Asimismo, comentan que el instructor del nuevo procedimiento es Andrés Prieto, el mismo director jurídico de la SBIF que participó y redactó la carta que impuso las multas que fueron anuladas.
La acción judicial presentada por el estudio de los abogados José María y Cristóbal Eyzaguirre plantea que "la Superintendencia de Bancos ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios al instruir, en contra de Itaú Corpbanca, el procedimiento administrativo sancionador (…) y en base a ello, deje sin efecto la referida formulación de cargos".
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Además, en el texto, el banco pide que se ordene al regulador "que se abstenga, en lo sucesivo, de realizar cualquier otro acto tendiente a perseguir a Itaú Corpbanca por las operaciones de crédito a las que se refiere dicha formulación de cargos".
Asimismo, solicita al tribunal de alzada que disponga otra medida "tendiente a restablecer el imperio del derecho y el respeto de las garantías constitucionales de mi representado; y que condene a la Superintendencia de Bancos al pago de las costas de la presente causa".
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El recurso acusa al regulador de dar a Itaú "un trato arbitrariamente discriminatorio en los términos proscritos por nuestra Carta Fundamental". Además, apunta a que la SBIF está haciendo "caso omiso" de los fallos tanto de la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema que dejaron sin efecto la sanción. "Pretende nuevamente ponerse por encima del Estado de Derecho, vulnerando además, lo resuelto con efecto de cosa juzgada por los Tribunales Superiores de Justicia".
Según Itaú, a partir de los fallos judiciales previos, "la Superintendencia se encuentra inhabilitada para revivir un proceso fenecido, instruyendo el procedimiento aparente".
